Viernes, 7 de abril de 2017

Doctores enfrentan cargos por evasión contributiva

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció hoy la radicación de cargos contra dos médicos generalistas por violaciones al Código de Rentas Internas al no radicar planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de San Juan, encontró causa contra los doctores Mildred Boschetti Alvarado y Evin M. Sánchez Vélez, contra quienes pesan cinco cargos cada una por dejar de rendir planillas o declaraciones. Boschetti Alvarado enfrenta cinco cargos adicionales por presentar planillas falsas y fraudulentas.

Las fianzas impuestas fueron de $5,000 contra Boschetti Alvarado y $2,500 contra Sánchez Vélez. La vista preliminar fue pautada para el 26 de abril.

Los ingresos devengados entre ambos fue de $1,525,264, por lo que adeudan un principal de $217,190, total que asciende a $550,500.85 por concepto de intereses y penalidades.

“El Departamento de Justicia y su División de Delitos Económicos está vigilante ante las personas que se pasan de listos y evaden su responsabilidad contributiva con el país. Estamos en colaboración con el Departamento de Hacienda para velar por las personas que cometen este tipo de delito”, manifestó la Titular de Justicia.

La investigación, que estuvo a cargo de la fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División de Delitos Económicos, y de los agentes José Robles Cotto y José Cruz Ramos del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, inició como fruto del Acuerdo de Colaboración firmado entre ambas agencias el 1 de julio de 2016.

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Viernes, 7 de abril de 2017

 Justicia celebra “Todos fuimos niños”

(Mayagüez) – El Departamento de Justicia conmemora en abril el Mes de la Niñez y Prevención del Maltrato de Menores, y los fiscales y procuradores de familia y de menores de la región de Mayagüez celebró la actividad “Todos fuimos niños” hoy, viernes, 7 de abril en los predios del Tribunal de Mayagüez.

Con el objetivo de educar y crear conciencia en las comunidades de la región sobre el maltrato de menores, así como también crear sensibilidad ante dichos actos, se colocaron en el jardín en los predios del centro judicial 303 “pinwheels” o molinillos de viento, en representación de cada uno de los niños removidos por maltrato en dicha jurisdicción. Son azules, en representación del color de los moretones en la piel a causa del maltrato.

Los mensajes de la ceremonia estuvieron a cargo por: la administradora regional Linette Ortiz Martínez en representación del juez administrador de Mayagüez, Lind O. Merle Feliciano; el Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, Carlos J. Rivera Santiago; la fiscal de distrito Blanca Portela Martínez; Milagros Santosbello de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes; el Secretario Auxiliar de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés; y el director regional del Departamento de la Familia, Alex López Rodríguez.

Como parte de la ceremonia, estuvieron presentes jóvenes del programa de Vida Independiente del Departamento de la Familia, quienes contaron sus experiencias sobre lo que significa para ellos el maltrato de menores y el impacto que tuvo en sus vidas.

También se inauguró la apertura de la exhibición de afiches en cartulinas realizadas por niños y jóvenes de instituciones educativas de la región, que lleva como título “Todos tenemos algo que decir, dile: No al maltrato”. La exhibición será hasta el 1 de mayo, cuando se premiará a los ganadores.

El vestíbulo presenta la exposición de afiches preparados por menores de instituciones educativas del área. Los mismos continuarán en exhibición hasta el 1 de mayo, cuando se celebrará una ceremonia de premiación a los ganadores.

“Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, que son los seres más vulnerables en nuestra sociedad. Todos los días en el Departamento de Justicia trabajamos con el fin y el compromiso  de proteger a las víctimas, en especial de nuestros menores, que merecen tener una niñez alegre y libre de malos tratos. Agradecemos y felicitamos a la Fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela Martínez por la actividad de prevención, parte de nuestro compromiso con el pueblo”, manifestó la Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

“La Carta de Derechos de los Niños reconoce nuestra responsabilidad en propiciar el máximo desarrollo social y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es deber de los fiscales proteger a los niños que han sido víctimas del maltrato y, en ese sentido, el Departamento de Justicia asume un rol activo en defensa del niño maltratado”, indicó Portela Martínez.

“Con actividades como esta ayudamos a arrojar luz sobre una problemática que requiere del compromiso y participación de todos los componentes de nuestra sociedad: el gobierno y el sector privado. Nuestra meta es erradicar el maltrato, creando conciencia y educando a todas las personas sobre los factores de riesgo y prevención”, expresó Rivera Santiago.

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Lunes, 10 de abril de 2017

Sentencia de 100 años y dos días contra Félix Ramos Domínguez

(PONCE) – El Departamento de Justicia informó que hoy, el juez Mariano Daumont Crespo, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, declaró culpable a Félix L. Ramos Domínguez por asesinar a Arelis Suárez Santiago y lo sentenció a 100 años y dos días de cárcel.

Hoy estaba pautado comenzar con el proceso de escoger el jurado, mas Ramos Domínguez manifestó su deseo de hacer alegación de culpabilidad por los cargos de asesinato en primer grado, dos cargos por maltrato de menores, un cargo por maltrato de persona de edad avanzada, violación a la Ley 54 de violencia doméstica, apropiación ilegal de un vehículo de motor y dos violaciones a la Ley de Armas.

Una vez se declaró culpable, el magistrado procedió a emitir la sentencia.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de enero pasado en Comunidad Cristiana, en Juana Díaz, donde Ramos Domínguez entró por la fuerza a la residencia de Suárez Santiago y la apuñaló, causándole la muerte. Los actos ocurrieron frente a los hijos de Suárez Santiago, de cuatro y nueve años, y de su abuela, de 70 años.

“Hoy se hizo justicia en este lamentable caso y esperamos que la familia haya podido sentir algo de alivio al escuchar al convicto decir que se declaraba culpable por cada uno de los delitos que enfrentaba”, expresó la Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

La fiscal del caso fue Natalia Zambrana.

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Lunes, 10 de abril de 2017

Sentencia de 217 años a Yadiel Rivera Ramos

(Caguas) – El Departamento de Justicia informó que esta mañana, el juez José Ramírez Legrand, del Tribunal de Caguas, sentenció a Yadiel Rivera Ramos a 217 años de prisión por el asesinato de Elena Santos Agosto, madre de la exreina de belleza Alba Reyes.

Rivera Ramos fue sentenciado a 99 años por asesinato en primer grado y tentativa de asesinato, y 118 años por seis cargos de violaciones a la Ley de Armas, para un total de 217 años.

El 7 de abril, Rivera Ramos fue encontrado culpable por un jurado por mayoría de nueve a tres por los hechos ocurridos el 3 de junio de 2016 en la urbanización Treasure Valley, en Cidra, cuando sicarios tirotearon la residencia de Santos Agosto mientras compartía con su hija, esto por rencillas entre vecinos.

“El Departamento de Justicia luchará para traer tranquilidad a las víctimas y a sus familiares, velando que los criminales respondan por a las consecuencias de sus actos”, manifestó la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien destacó que la fiscal del caso fue Betzaida Quiñones Rodríguez.

Rivera Ramos fue sentenciado anteriormente a 159 años de prisión por el juez Jorge Díaz Reverón, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, por el asesinato de René Martínez Santiago, un químico de profesión, en hechos ocurridos en febrero pasado en Cidra.

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Lunes, 10 de abril de 2017

División de Delitos Económicos radica dos casos por apropiación ilegal de identidad y fraude

(San Juan) – El Departamento de Justicia informó que la División de Delitos Económicos radicó dos casos hoy contra el operador de un negocio de floristería y contra el propietario de una compañía de plomería y su esposa por distintos delitos.

Treinta y seis cargos fueron radicados contra Francisco José Senges Berríos, quien operaba un negocio de floristería, por apropiarse de aproximadamente $40,000 de sus clientes.

Los cargos son por apropiación ilegal grave, apropiación ilegal menos grave, fraude por medio informático y apropiación ilegal de identidad, todos bajo el Código Penal de Puerto Rico.

Según la pesquisa, entre abril y agosto de 2016, Senges Berríos operó la floristería Amore Inc. y el esquema consistía en que mantenía la información de las tarjetas de crédito de los clientes que hacían pedidos por teléfono. Con dicha información, procesó transacciones no autorizadas por un total de $40,000, los cuales transfirió a su cuenta bancaria personal.

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de $9,000. La vista preliminar se fijó para el 27 de abril.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Delitos Económicos, con la ayuda del agente Luis Green Rivera, de la División de Robos y Fraude a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

Por otra parte, contra el dueño de una compañía de plomería y su esposa se radicaron cargos por presentar planillas falsas y fraudulentas para el 2011 y 2012, lo que constituye violación al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, además de fraude y apropiación ilegal agravada, ambos del Código Penal de Puerto Rico.

José Antonio Colón Morales es propietario y administra el negocio de plomería A to Z Plumbing. Se le imputa explotar financieramente a una persona de edad avanzada que lo contrató para que hiciera arreglos en su cocina. Según la pesquisa, se valió de la incapacidad mental de una persona de edad avanzada y de su estado de depresión para despojarla de bienes muebles e inmuebles. Consiguió apropiarse de dos residencias, una en Dorado y otra en Estados Unidos, además de un edificio de apartamentos en Dorado, y tres vehículos de motor, incluyendo una Land Rover Disvovery y un Lexus. A través de fraude, consiguió obtener de ella $2 millones en un periodo de cinco años.

Colón Morales y su esposa Mary Janet Ramos Quiñones enfrentan además cargos por evasión contributiva por presentar y radicar ante el Departamento de Hacienda planillas de contribución sobre ingresos omitiendo ingresos y con información falsa. Se estima que evadieron aproximadamente $520,000 de ingresos en sus planillas, defraudando al Gobierno de Puerto Rico.

La jueza Tomey Imbert encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $85,000 a Colón Morales y de $50,000 a Ramos Quiñones.

La fiscal Rosa L. Molina, de la División de Delitos Económicos, llevó el caso que fue investigado en conjunto con los agentes Abraham Lebrón, de la Policía de Puerto Rico, y Héctor Santiago, del Área de Inteligencia de Fraude de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

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Martes, 11 de abril de 2017

Justicia refiere al Alcalde de Villalba a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, refirió hoy a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el un informe sobre la investigación preliminar realizada contra el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, y otras tres personas por posible comisión de delito.

“Esta mañana referimos a la atención de la OPFEI el informe relacionado a la investigación preliminar que se realizara en el Departamento de Justicia contra el Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernandez Ortiz.  Por  tener causa suficiente sobre la posible comisión de delitos por parte del Alcalde se le recomendó al FEI  la designación de un fiscal especial independiente. La investigación preliminar reflejó que Hernández Ortiz pudo incurrir en violaciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, al rendir informes incompletos, recibir donaciones de contratistas del municipio para la campaña,  violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al utilizar contratistas para beneficio personal y por tener causa suficiente de violación del artículo 264 del Código Penal de 2012(malversación de fondos públicos)  por el desembolso de fondos públicos si la celebración de subasta ”, destacó la Titular de Justicia.

Las demás personas referidas a la OPFEI son: Luis R. Santiago Alvarado, contratista del Municipio bajo la compañía LR Handyman Service; Marena Navarro Rivera, presidenta de la Junta de Subasta, secretaria municipal y Directora de Campaña del Alcalde; y Jorge M. Ortiz Blanco, tesorero del Comité de Subasta del Municipio.

El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.

La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.

“El Departamento de Justicia actuará diligentemente para proceder con las acciones que correspondan en éste y todos los casos ante su consideración. En este caso, ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, destacó Vázquez Garced.

La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y la fiscal Jannellie Acosta Román   investigaron el caso.

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Lunes, 17 de abril de 2017

Justicia refiere a Alcalde de Río Grande al Panel del Fiscal Especial Independiente

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que hoy se diligenció la radicación en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de dos informes de investigaciones preliminares. En uno de ellos con la recomendación de la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Río Grande, Ángel “Boris” González Damudt, por posible comisión de delito y en el otro la recomendación de no designar un FEI contra algún funcionario de la Comisión de Servicio Público (CSP).

“Entendemos que existe causa suficiente para  creer que el Alcalde de Río Grande pudo haber violado las disposiciones del Artículo 252 del Código Penal de Puerto Rico, que es el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directamente o indirectamente, para él o persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Además pudo haber violado el Artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de Empleados y Funcionarios Públicos Denunciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupción”, indicó Vázquez Garced.

En cuanto a la investigación del CSP, “examinada la evidencia recopilada en la investigación preliminar,  a tenor con el derecho aplicable y la consulta realizada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entendemos que no hay causa suficiente para creer que algún funcionario entre el periodo auditado entre 2012 y 2016 cometieron delitos, por lo que no se recomienda la designación de un FEI”.

El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.

La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.

“El Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar, como corresponde en ley sobre investigaciones iniciadas el año pasado. Ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en alguno de estos caso”, destacó la Secretaria de Justicia.

La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y los fiscales Lorraine Pietri Colón y Pedro C. Hernández Zumaeta, respectivamente, investigaron ambos casos.

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Martes, 18 de abril de 2017
Radican cargos contra empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por evasión contributiva
(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció que se presentaron cargos contra tres empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) por evasión contributiva.
Doce cargos fueron radicados contra Amarilys Morales Quiñones, José Quiñones Cirino y Lucas Sierra Pérez por no radicar planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Los cargos en contra de los empleados son por violaciones a la Sección 6030.11 (d) del Código de Rentas Internas por dejar de rendir planillas o declaraciones, y se exponen a una pena máxima de ocho años de prisión por cada uno de los cargos, que fueron cuatro contra cada uno.
Durante dichos periodos, estos devengaron $798,148 en ingresos y adeudan $48,516 por concepto de contribuciones que dejaron de pagar al Gobierno de Puerto Rico. La cifra podría ascender a $127,804.47 por concepto de intereses y penalidades.
La jueza Yazdel Ramos Colón, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto y fijó una fianza de $4,000 contra Morales Quiñones, $20,000 contra Sierra Pérez y $8,000 contra Quiñones Cirino. Las vistas preliminares se pautaron para el 27 de abril de 2017.

“Esta investigación es fruto del Acuerdo de Colaboración firmado entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda. Estamos alertas ante las personas que quieren desafiar las leyes, fallarle al pueblo de Puerto Rico y evadir su responsabilidad contributiva”, manifestó Vázquez Garced.
“En el Departamento de Hacienda trabajamos mano a mano con diferentes agencias, tanto estatales como federales, con el fin de que se cumplan las leyes y podamos atacar la evasión contributiva. Esta radicación de cargos es precisamente ejemplo del excelente trabajo en equipo entre estas dos agencias”, expresó por su parte el Secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Leilani Dominicci-Vázquez, de la División Delitos Económicos. Colaboraron los agentes Ricardo Cruz y Wilfredo Vázquez del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.
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Miércoles, 19 de abril de 2017

Culpable coacusado por asesinato de Arianys Rosa Luquis

(Arecibo) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que ayer por la noche, un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres emitió un veredicto de culpabilidad por mayoría de 11 a uno contra José A. Rivera Visaldén por asesinato en primer grado, dos tentativas de asesinato, una violación a la Ley de Armas y por disparar desde un auto.

El juicio contra el coacusado por el asesinato de la niña Arianys Rosa Luquis fue ante la jueza Iris Reyes Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien pautó la lectura de sentencia para el 26 de mayo.

En febrero pasado, un jurado encontró culpable por estos mismos hechos al  coacusado Frankie Adorno Rodríguez, quien fue sentenciado a 177 años de prisión por estos mismos hechos por los cargos de asesinato en primer grado, dos tentativas de asesinato, conspiración, cuatro violaciones a la Ley de Armas y un cargo por disparar desde un vehículo en marcha.

Los hechos de este caso ocurrieron en el sector La Grama en Ciales el 8 de mayo de 2016, cuando en pleno Día de las Madres, Rivera Visaldén y Adorno Rodríguez confundieron el vehículo en el que viajaba la menor de ocho años con sus padres con el auto de otra persona que buscaban relacionada al trasiego de drogas.

“El Departamento de Justicia, en conjunto con el trabajo investigativo de la Policía de Puerto Rico, logró el arresto y ahora  la convicción de los responsables de la muerte de Arianys, que ocurrió en pleno Día de las Madres el año pasado. No hay espacio para la impunidad y hoy se hizo justicia, continuaremos en el Departamento de Justicia realizando nuestro mayor esfuerzo para que los delincuentes convictos respondan por sus acciones y las víctimas tengan confianza en nuestros sistemas de justicia”, indicó la Titular de Justicia, quien destacó que los fiscales del caso fue el fiscal de distrito Wilson R. González Antongiorgi y Evelyn Trinidad Martell.

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Miércoles, 19 de abril de 2017

Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia  toma acción contra empresa de gas licuado

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) presentó una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra la empresa Tropigas de Puerto Rico, Inc. y su presidente, Luis Humberto Berríos Rivera, por violaciones a la Ley 77, “Ley de Monopolios y Restricción del Comercio”, al “Reglamento Sobre Competencia Justa Núm. VII” al incurrir en la práctica de discrimen en precios.

Con la querella radicada, OAM refiere una  práctica de “discrimen en precio”, en el cual ha incurrido Tropigas consistente en que en determinada fecha,  a diferentes detallistas por las mismas libras de gas licuado les cobra diferentes precios. Esto ocasiona una competencia desleal porque el que compra más barato tiene la ventaja de poder revender a un menor costo el producto y  por ende atraer más clientes. La defensa de vender más barato a aquellos que le compren más volumen de gas no debe ser validada. El planteamiento de la OAM es que los mayoristas le tienen que vender a todos los detallistas al mismo precio y así proteger a los consumidores del gas licuado en PR.

Se solicita a DACO que emita una orden de cese y desista contra Tropigas de Puerto Rico, Inc. para impedir que vuelva a incurrir en la conducta antes señalada y detenga de manera inmediata y permanente la práctica de discriminar ilegalmente en precios contra distintos detallistas. Además se solicita que por estas prácticas se impongan las multas que corresponda.

“En los pasados años, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del Departamento  de Justicia  estaba inoperante. Ante la falta de fiscalización en la defensa de los consumidores, muchas empresas estuvieron incurriendo en prácticas de monopolio y de discrimen contra los consumidores, fueran estos privados o comercios. El Departamento de Justicia estará vigilante protegiendo los derechos de los consumidores y evitando las prácticas de desventajas que tanto daño hacen al desarrollo económico y afectan el bolsillo de los comerciantes y por ende de los consumidores. Estas investigaciones continuarán”, expresó Vázquez Garced.

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Lunes, 24 de abril de 2017

Radican cargos contra manifestantes por cargos graves

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció que hoy se están radicando cargos contra dos personas por los delitos cometidos durante una manifestación en los predios del Capitolio en el día de ayer, 23 de abril.

En la tarde de hoy, el Ministerio Público presenta cargos contra Adriana P. Quiles Méndez y Josué Román Figueroa. Ambos enfrentan un cargo por Artículo 199 (d) del Código Penal por actuar en concierto y común acuerdo para cometer el delito de daño agravado, esto al causarle daños a bienes inmuebles pertenecientes al gobierno, consistente en que pintaron con aerosol dicha propiedad.

Quiles Méndez enfrenta además un cargo por Artículo 245 del Código Penal, por empleo de violencia o intimidación contra dos agentes de la Policía de Puerto Rico, consistente en que golpeó a uno de los agentes con un puño, para luego rociarle gas pimienta al mismo, así como a otra agente de policía mujer que lo acompañaba.

“El Departamento de Justicia respeta el derecho de las personas para protestar, pero no tolerará el vandalismo y las agresiones contra uniformados o cualquier ciudadano, ni la comisión de otros delitos. No se permitirán violaciones de ley bajo ninguna circunstancia y estaremos trabajando junto con la Policía de Puerto Rico para velar que los que violen la ley, sean procesados y se haga justicia”, manifestó la Titular de Justicia.

“Las manifestaciones y la libertad de expresión son valores protegidos por la Constitución. De igual forma, el orden y la seguridad pública es una responsabilidad de la Policía. Que sepan todos que el balance de esos valores es una característica de nuestra democracia. Los imputados hoy, a nuestro entender, cometieron delitos y tienen que afrontar las consecuencias”, dijo por su parte la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández.

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Lunes, 24 de abril de 2017

Justicia irá en alzada en caso contra manifestantes

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que el Ministerio Público irá en alzada, luego de que el juez José L. Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontrara causa para arresto contra Adriana P. Quiles Méndez y reclasificara el cargo grave radicado contra Josué Román Figueroa por uno menos grave por los hechos cometidos durante una manifestación ayer, 23 de abril, en el Capitolio.

“Acatamos  la decisión del juez, pero no estamos de acuerdo, entendemos que en la misma se hizo una interpretación errónea del derecho. La prueba presentada en este caso era robusta y convincente contra ambos imputados, quienes evidentemente ante los ojos del país causaron grave daño contra la propiedad pública y agredieron a agentes del orden público. El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su deber ministerial de llevar al Tribunal a todo aquel que violente la ley y no se comporte conforme a los parámetros de una sociedad de  ley y orden.  Por tal razón, la fiscalía irá en alzada”, indicó la Secretaria de Justicia.

La fiscalía, representada por Jorge Carrión, radicó un cargo a cada uno por Artículo 199 (d) del Código Penal por actuar en concierto y común acuerdo para cometer el delito de daño agravado, esto al causarle daños a bienes inmuebles pertenecientes al gobierno, consistente en que pintaron con aerosol dicha propiedad. Contra Quiles Méndez también se presentó un cargo por Artículo 245 del Código Penal, por empleo de violencia o intimidación contra dos agentes de la Policía de Puerto Rico, consistente en que golpeó a uno de los agentes con un puño, para luego rociarle gas pimienta al mismo, así como a otra agente de policía mujer que lo acompañaba.

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Martes 25 de abril de 2017

Justicia radica cargos contra sospechoso por asesinato de oficial de la Policía

(Ponce) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la jueza Luz D. Fraticelli Alvarado, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra Luis A. Echevarría Gómez por el asesinato del sargento de la Policía Benjamín de los Santos Barbosa.

Echevarría Gómez, de 31 años, fue arrestado la semana pasada por disparar contra el uniformado, pero hoy fue excarcelado para reclasificar el cargo radicado de tentativa de asesinato por el de asesinato en primer grado tras el fallecimiento de De los Santos Barbosa, y un cargo adicional por violación al Art. 5.07 de la Ley de Armas por poseer un arma automática.

La fiscal de distrito Marjorie Gierbolini y la fiscal Annette Esteves radicaron el caso ante la jueza, quien le impuso una fianza global de $10 millones y pautó la vista preliminar para el 10 de mayo.

Anteriormente, se le radicaron 15 cargos por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas con una fianza de $7.5 millones.

La Policía informó que los hechos ocurrieron el 16 de abril pasado en el callejón Comercio de Ponce durante una intervención cuando agentes adscritos a la Unidad “Plan de Zona” se disponían a intervenir con un vehículo Nissan, modelo Rouge, por infracción a la Ley 22 de Tránsito por los tintes de los cristales, cuando el sujeto les disparó.

“El Departamento de Justicia y la Policía no descansaron para dar con el individuo que asesinó vilmente a un agente de la Policía en el cumplimiento del deber. Hoy vemos que se inicia el proceso de hacer justicia para que este agente pueda descansar en paz y su familia pueda estar confiada de que este sujeto está fuera de nuestras calles”, expresó Vázquez Garced.

“La vida y el respeto a los oficiales de seguridad pública con la columna vertebral de una sociedad de ley y orden. Esta radicación de cargos representa las consecuencias de los que cobardemente trastocan nuestra seguridad. Esto no nos devuelve la vida del oficial caído, pero sí la certeza que quien la hace, la paga. Hoy dimos cristiana sepultura al sargento Benjamín A. de los Santos Barbosa y también se encausará al culpable del vil ataque”, manifestó la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley.

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Martes, 25 de abril de 2017

NIE arresta a oficiales correccionales y a médico por contrabando en cárceles

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció que hoy el Negociado Especial de Investigaciones (NIE) arrestó a tres oficiales correccionales y a un médico que prestaba servicio al Departamento de Corrección y Rehabilitación por introducir material de contrabando a instituciones penales, específicamente teléfonos celulares y sustancias controladas.

El juez Rafael Antonio Ramos Sáenz, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, encontró causa para arresto contra los cuatro imputados, fijando una fianza global de $2.3 millones.

Los imputados, que hoy fueron arrestados, son: Juan Figueroa Hernández y Alfonso Pellot López de la Institución Guerrero, en Aguadilla; Edwin Cintrón Gandía de la Institución Sabana Hoyos, en Arecibo; y el médico Narciso Reyes Carrillo, quien trabajaba por contrato en el Centro Médico Correccional de Bayamón.

A los oficiales correccionales se les impuso fianza de $350,000 a cada uno al enfrentar un total de siete cargos por Art. 259 del Código Penal por Soborno, Art. 277 del Código Penal por Posesión e Introducción de Objetos a un Establecimiento Penal, violación al Art. 3 (d) de la Ley Contra el Crimen Organizado por dedicarse o participar de un patrón de crimen organizado, y por Art. 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por ser servidores públicos que utilizaron sus deberes y facultades de su cargo para obtener directamente beneficio para ellos mismos.

El médico generalista Reyes Carrillo enfrenta cinco cargos por violar el Art. 277 del Código Penal, el Art. 3 (d) de la Ley Contra el Crimen Organizado y el Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas bajo su modalidad de tentativa. La fianza impuesta fue de $1,250,000.

“Los servidores públicos deben servir y velar por el bienestar del pueblo. En este caso, estos mal llamados funcionarios y profesionales que se suponía velaran por el bienestar del país, se aprovecharon de sus posiciones para lucrarse, fallarle al pueblo de PR, mientras ponían en riesgo la vida y seguridad del personal de las instituciones donde laboraban. De igual manera ayudaban a la comisión de delitos a través de los celulares hacia el exterior de la institución. Este operativo forma parte de la lucha y los esfuerzos de esta  Administración contra la Corrupción y lleva el claro mensaje de que hay que cumplir con las leyes. De no ser así, serán investigados, procesados y acusados porque no hay espacio para la impunidad”, manifestó la Titular de Justicia, quien indicó que la fiscal fue Yammir Samalot.

“Tenemos una política de cero tolerancia ante la corrupción en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Es por eso que este es tan solo el inicio de una serie de operativos e investigaciones que estamos realizando, tanto con el Departamento de Justicia local como con agencias federales”, dijo por su parte el Secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón Suárez.

El operativo estuvo a cargo del fiscal Héctor López, Director del Negociado de Investigaciones Especiales, el director de la División de Crimen Organizado, Raúl Láncara Rodríguez, y del equipo del “task force” del NIE/Corrección, supervisado por Annette Cuevas López.

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Jueves, 27 de abril de 2017

Justicia radica cargos por no emitir retenciones patronales contra compañía de construcción

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que ayer se radicaron 48 cargos contra Cué & López Construction, Inc. y su presidente, Frank Cué García, por no emitir las retenciones de contribuciones patronales ni de servicios profesionales en 2012 y 2013.

Se estima que en dicho periodo de tiempo, retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda $239,539 en contribuciones. Por lo tanto  ilegalmente le dejaron de pagar al pueblo de Puerto Rico una cifra que podría aumentar a $493,820.69 con intereses y penalidades.

El juez Rafael E. Jiménez Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra la compañía y su presidente por los 48 cargos por violar la Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011 por Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución.

La fianza impuesta contra el presidente de la corporación fue de $2,400. La vista preliminar fue pautada para el 10 de mayo.

“El Acuerdo de Colaboración firmado entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda vuelve a rendir frutos, ya que nos ayuda a estar vigilantes y procesar los casos contra las entidades y los individuos que pretenden fallarle al pueblo de Puerto Rico y sus responsabilidades. Seguiremos trabajando en conjunto para identificar y llevarlos ante la justicia”, manifestó la Titular de Justicia.

“El Departamento de Hacienda no tolerará a quienes incumplan de forma arbitraria con sus responsabilidades contributivas. Este caso es una muestra de que se procesará a todo aquel que le falle al pueblo de Puerto Rico”, destacó el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.

La investigación, que comenzó a raíz del Acuerdo de Colaboración entre los departamentos de Justicia y de Hacienda, estuvo a cargo por la fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, junto con el agente José Robles del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

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Viernes, 28 de abril de 2017

Causa para juicio contra ganga imputada por asesinar a sargento de la Policía

(Humacao) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que esta tarde, el juez Héctor C. Hoyos Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para juicio contra siete de diez de los imputados por el asesinato del sargento de la Policía Luis Ángel Meléndez Maldonado.

Ante una sala llena de compañeros de trabajo del sargento, el juez encontró causa para juicio contra los cinco acusados por participar del asesinato de Meléndez Maldonado, que fueron: Ángel “Piu” Fernández Jorge; Jaime “La Jota” Semidey Pérez; Christian “Ardilla” Fernández Jorge; Víctor “Shadow” Benítez; y Alex “Alex Corolla” Rivera Márquez por los delitos según imputados por asesinato en primer grado, conspiración y violaciones a la Ley de Armas.

Contra Juan Carlos Santiago Calderón y Samuel “Sammy” Rivera Valcárcel hubo causa por los delitos radicados de conspiración y por una violación a la Ley de Armas.

La lectura de acusación se citó para el 8 de mayo y el juicio para el 31 de mayo.

El juez no encontró causa por conspiración y un cargo por violación a la Ley de Armas contra tres de los imputados, que no participaron activamente del asesinato. Estos fueron: José “Mota” Machuca Benítez; Janses “Janyo” Rondón Carrillo; y Ángel “Fafe” Vega Rivera. El Ministerio Público solicitó ver una vista preliminar en alzada contra ellos, que se señaló para el 22 de mayo.

La vista preliminar de un undécimo imputado, Pedro “Pedrito” Carrillo Pacheco, está señalada para este lunes, 1 de mayo.

“Los responsables por el asesinato de Meléndez Maldonado enfrentarán el proceso judicial y las consecuencias de sus actos. Esperamos que se haga justicia a este policía que falleció en el cumplimiento del deber”, manifestó la Titular de Justicia.

El director interno de la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas, Sergio Rubio Paredes, junto con los fiscales de dicha división Martín Ramos Junquera y Alberto Miranda Schmidt, además del fiscal Miguel García de la fiscalía de Humacao y Lisa Delgado de la Oficina del Procurador General procesaron el caso. El sargento Orlando Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao estuvo a cargo de la investigación.

Los hechos relacionados a este caso ocurrieron el 12 de octubre de 2016, cuando gentes de la Policía de Puerto Rico entraron al residencial Dr. Pedro J. Palou, en Humacao, a realizar un trabajo de inteligencia. Una vez allí se percatan de varias personas portando armas largas. Fue entonces que se suscitó el intercambio de disparos y el fallecimiento de Meléndez Maldonado. También resultó herido el agente Marcelino Pérez,  quien a consecuencia de las heridas, perdió una de sus piernas. Otro de los heridos fue uno Carrillo Pacheco, quien se encuentra encamado.

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Lunes, 1 de mayo de 2017

Justicia refiere a alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill García al Panel del Fiscal Especial Independiente

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que hoy se está diligenciando la radicación en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el informe de una investigación preliminar con la recomendación de la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, por posible comisión de delito.

“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el Alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones de los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que son maltrato sicológico o emocional contra persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra persona con quien sostuviese o haya sostenido una relación consensual. Otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas en alguno de estos cargos contra dos perjudicadas”, manifestó Vázquez Garced.

“También demostró la investigación preliminar  causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos, además del Artículo 255 del Código Penal de 2004 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Además violentó en cuatro instancias el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental porque un servidor público no puede utilizar sus deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley”, agregó la Secretaria de Justicia.

El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.

La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.

“Las investigaciones en el Departamento de Justicia se realizan de una manera diligente, con suma responsabilidad y en su tiempo, respondiendo al más alto sentido de justicia y garantizando los derechos de las víctimas y de los investigados. En el caso del Alcalde O’Neill García, se realizó la investigación preliminar, como corresponde en ley, y hoy está siendo referida. Justicia no puede acusar, arrestar ni destituir a un alcalde. Ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, evaluar y determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, destacó la Titular de Justicia.

La fiscal Lynnette Velázquez Grau investigó este caso.

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Martes, 2 de mayo de 2017

Arrestados y procesados manifestantes

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que, al momento, se han arrestado a 17 personas a raíz de los actos vandálicos ocurridos ayer, 1 de mayo, durante la manifestación llevada a cabo en Hato Rey. Además, al momento se analizan vídeos y fotos para identificar a decenas más para buscar identificarlos para arrestarlos y procesarlos.

Hasta el momento, cuatro casos fueron sometidos ante la consideración del tribunal, de los cuales hubo causa para arresto contra tres, que no pudieron prestar fianza y están sumariados hasta la vista preliminar, pautada para el 16 de mayo. La jueza que atendió los casos fue Ilyana del C. Blanco Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que vio los casos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Contra Jorge Luis Alexis Santana Valentín, de 25 años y residente de San Juan, se encontró causa para arresto con una fianza de $10,000 y supervisión electrónica. Enfrenta cargos por violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas por portar arma blanca, y Artículo 245 del Código Penal por empleo de violación e intimidación contra la autoridad pública. Dicho cargo fue reclasificado por la magistrada, dado a que el cargo sometido originalmente era por Artículo 242 de motín. Según la pesquisa, lanzó piedras contra agentes de la Policía de Puerto Rico frente al edificio del Banco Popular en Hato Rey.

Valeria Herrera Huyke, de 28 años, fue arrestada por violar el Artículo 242 del Código Penal de motín, violación a la Ley 5.05 por portar arma blanca y Artículo 199 por daños graves, al igual que Carlos Alejandro Farmer del Toro, de 27 años. De la pesquisa surge que ambos causaron daños graves con tubos y piedras contra el edificio 654 de la avenida Muñoz Rivera, en Hato Rey. Los daños en dicho edificio se estiman en $70,000. Se le impuso a cada uno una fianza global de $40,000, que no pudieron prestar.

No hubo causa contra Regino Alers Ortiz, de 21 años, por infracción del Artículo 245, sobre empleo de violación e intimidación contra la autoridad pública. Al momento, se evalúa el caso para ver si se va en alzada.

Una persona adicional detenida, Nina Alejandra Droz Franco, de 37 años, fue investigada y referida a los federales. El Negociado de Tabaco, Alcohol, Armas de fuego y Explosivos (ATF) asumió jurisdicción, tal como anunció hoy Fiscalía Federal.

Los fiscales que están investigando los casos a nivel estatal son la fiscal de distrito de San Juan, Melissa Vázquez, y los fiscales Luis Barreto, Edmanuel Santiago y Lornna Colón. Los agentes Michael Figueroa, Miguel Sáez y Gerardo López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, investigaron los casos procesados.

“Podemos anticipar que habrán más arrestos. Al momento, estamos tratando de identificar a por lo menos 50 manifestantes que, lejos de llevar un mensaje y ejercer su libertad de expresión, se convirtieron en protagonistas de un insensato acto de vandalismo, causando daños a agentes del orden público y a propiedades. Recalcamos la ayuda de la ciudadanía para poder identificarlos y que enfrenten las consecuencias de sus actos”, manifestó la Titular de Justicia.

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Martes, 2 de mayo de 2017

Causa contra otro manifestante

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que esta noche la jueza Ilyana del C. Blanco Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra uno de los arrestados por cometer actos delictivos durante la manifestación del 1 de mayo en Hato Rey.

Contra Andrés Rafael Cortés Ortiz, de 19 años, se radicaron cargos por violaciones a los artículos 242 y 245 del Código Penal por motín y por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Según la pesquisa, Cortés Ortiz resistió el arresto, agrediendo a un agente de la Policía de Puerto Rico y participó de actos para permitir que otros miembros perturbaran la tranquilidad pública, tirando piedras y otros objetos contundentes contra propiedad privada.

El fiscal Luis Barreto sometió los cargos y el agente Miguel Rodríguez Fernández, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, investigó. La fianza impuesta fue de $50,000, la cual prestó, y la vista preliminar fue señalada para el 16 de mayo.

“Tal como adelantamos, seguiremos investigando y procesando a los que protagonizaron los actos vandálicos durante la manifestación. Estos actos no serán tolerados y cumpliremos con nuestro deber de mantener la ley y el orden”, sostuvo Vázquez Garced.

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Jueves, 4 de mayo de 2017

Causa para arresto por asesinato ocurrido en 2002

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que esta tarde, el juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra dos sujetos por un doble asesinato ocurrido en 2002.

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles radicó hoy el caso en ausencia contra José “Chikún” Nieves Sierra y Joel “Caballo” Cruz Figueroa por violar el Artículo 83 del Código Penal de 1974 por asesinato en primer grado por asesinar a los hermanos Unnefer Arroyo Colón y Richard Arroyo Colón en hechos ocurridos el 2 de junio de 2002 en el residencial Villas de Lomas Verdes, en San Juan.

La fianza impuesta fue de $2 millones contra cada uno, con supervisión electrónica.

El caso fue investigado por Santiago Quiles junto con el agente Víctor Ortiz Fontánez, bajo la supervisión de la sargento Karina Ojeda, de la División Especializada de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico. El mismo fue retomado en julio de 2016 y en nueve meses, se hicieron las gestiones investigativas para poder esclarecerlo.

Según la pesquisa, los dos imputados y un tercer individuo que fue asesinado en 2010, sorprendieron y acorralaron a los hermanos Arroyo Colón, y les dispararon en múltiples ocasiones con dos armas.

No se les radicaron cargos por violación a la Ley de Armas porque prescribieron.

“Quince años más tarde, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico dieron seguimiento a la investigación de este caso y finalmente puede radicarse. Se retomó la pesquisa con el interés genuino de esclarecer las circunstancias de estos asesinatos e identificar a los responsables, no importa el tiempo transcurrido”, señaló la Secretaria de Justicia.

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