Lunes, 16 de octubre de 2017

Mal manejo de suministros en Patillas

(Patillas) – Con la intención de que se cumpla con la directriz del gobernador Ricardo Rosselló de que los suministros lleguen a los ciudadanos de manera eficiente, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el Secretario de Estado, Luis Rivera Marín, se trasladaron esta mañana a Patillas, donde constataron el almacenaje indebido y negligente de suministros para los afectados por el huracán María.

Temprano en la mañana, se recibió una confidencia de que los suministros estaban siendo almacenados sin ser distribuidos, a la interperie y que se estaban mojando, al punto de que tenían ratas y sabandijas.

Ambos secretarios vieron suministros que hoy estaban en un contenedor de basura. Había comida enviada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cajas con agua, entre otros artículos de primera necesidad.

“No vamos a permitir que la ciudadanía sufra por la negligencia y la falta de sensibilidad en la entrega de suministros. Es ilegal tener esos suministros como si fueran basura cuando el Gobierno los suplió para las necesidades de los ciudadanos”, manifestó Vázquez Garced, quien designó la investigación a la fiscal de distrito de Guayama.

“Vinimos a Patillas porque es inconcebible e imperdonable que en momentos de necesidad de nuestro pueblo, nos encontremos con este cuadro. Es una acción que vamos a atender con la mayor rigurosidad porque esos suministros son para la gente que los necesita. El gobernador Rosselló ha sido enfático en que no vamos a tolerar el mal manejo de los suministros y vamos a asegurarnos de que esos suministros lleguen de manera segura a los ciudadanos”, dijo Rivera Marín.

Conversaron allí con el alcalde de Patillas, Norberto Soto Figueroa, quien dijo que la razón por las condiciones en las que se encontraron los suministros fue porque se mojaron por las fuertes lluvias de ayer.

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Lunes, 16 de octubre de 2017

Expresiones aprobadas por la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced:

“Esta noche, el fiscal Ángel Sálamo, de la fiscalía de Carolina, y su pareja resultaron heridos en medio de un asalto ocurrido en un establecimiento de comida rápida localizado en la avenida 65 de Infantería, en San Juan. Actualmente, el fiscal está estable y su novia será intervenida quirúrgicamente. Ambos están en nuestras oraciones y confiamos en Dios que se recuperarán pronto. A los atacantes, no tengan duda que les caerá todo el peso de la ley estatal y federal, según aplique. No vamos a permitir que maleantes secuestren al país con este tipo de actos”, aseguró Vázquez Garced.

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Jueves, 11 de octubre de 2018

 Departamento de Justicia radica cargos contra dueños de corporaciones que operaban restaurantes Bebo’s Café y Basilias por no remitir IVU por tres años

(San Juan) – La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Delitos Económicos, Lourdes Acevedo, notificaron que radicaron un total de 80 cargos del Código de Rentas Internas de Puerto Rico contra los dueños de corporaciones que administraban restaurantes por no remitir el Impuesto de Venta y Uso (IVU) entre los años 2013 y 2016, dejando de reportar $625,047 en ingresos.

Las corporaciones acusadas son BC Food Services, Inc., BC 2 Food Services, Inc., Sabor Isleño, CL-LLC y Mercedes Food Services, Inc. Sus directivos son Miguel Mercedes Lantigua, Miguel Mercedes Salomón, Isaías Mercedes Salomón, y Keren Mercedes Salomón.

La investigación reflejó que estas corporaciones operaban los conocidos  restaurantes Bebo’s Café de la calle Loíza hasta el 2013, Bebo’s Café del centro comercial Galería Los Paseos, Basilias de la calle Loíza y Basilias de Isla Verde. Las corporaciones, junto con sus directivos, dejaron de remitir el Impuesto Sobre la Venta y Uso entre 2013 y 2016. Estas corporaciones dejaron de presentar distintas planillas de contribuciones sobre ingreso corporativas y ciertas planillas del IVU.

Durante ese periodo de tiempo, retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda $625,047 en contribuciones que ilegalmente le han dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico.  Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades podría ascender a $1,200,000, aproximadamente.

La fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División Delitos Económicos, quien investigó junto con el agente Pérez del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, radicó 10 cargos contra cada uno de los imputados por Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución (Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011), Dejar de Rendir la Planilla de IVU (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011) y Contribuciones Sobre Ingresos (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011).

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $40,000. La vista preliminar fue citada para el 4 de diciembre.

Los imputados se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos.

La investigación comenzó gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia.

“El Departamento de Justicia y la División de Delitos Económicos continúa trabajando arduamente para identificar, investigar y procesar a todo aquel que evada su responsabilidad y retenga dinero que le corresponde al pueblo de Puerto Rico. Se hace un llamado a los comercios al cumplimiento estricto con su responsabilidad contributiva y al pago del impuesto de venta y uso, quien no cumpla será identificado y procesado. Justicia trabaja en conjunto y como parte de un acuerdo de colaboración con el Departamento de Hacienda que incluye la investigación e identificación de infractores de su responsabilidad, además del destaque de fiscales dedicados a estos casos para poder llevar a estas corporaciones y a estas personas ante la justicia”, sentenció Vázquez Garced.

“No remitir el IVU al Departamento de Hacienda es un delito. La evasión afecta nuestra economía, le roba a nuestra gente y no le hace justicia a quienes cumplen con su obligación contributiva. Como Secretaria de Hacienda, pondré a la disposición del Departamento de Justicia todas las herramientas para que se hagan cumplir nuestras leyes”, indicó la Secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes.

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Viernes, 12 de octubre de 2018

Culpable por asesinato en primer grado individuo que estranguló, agredió y amordazó a su expareja

(San Juan) – La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la fiscal de distrito de San Juan, Melissa Vázquez, informaron que Eliseo Colón Miranda fue encontrado culpable por asesinar vilmente a su expareja en hechos ocurridos el año pasado en Hato Rey.

La jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió un fallo de culpabilidad contra Colón Miranda por asesinato en primer grado por estrangular, agredir y tapar la cara y cuello con cinta adhesiva a su expareja.

El cuerpo amordazado y semidesnudo de Zuleyka Irizarry Oliveras fue encontrado el 1 de agosto de 2017 en el baño de una residencia en la urbanización Valencia, en Hato Rey.

Los fiscales Fernando Chalas y Mariela Santini presentaron la prueba durante el juicio, que duró varias semanas.

La lectura de sentencia fue señalada para el 7 de noviembre.

“El Departamento de Justicia reconoce la labor de los fiscales y de los agentes del Negociado de la Policía que lograron investigar, esclarecer y procesar este caso, como parte de nuestro compromiso de ser rigurosos contra la violencia de género”, manifestó Vázquez Garced.

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Viernes, 12 de octubre de 2018

Culpable conductora por atropellar y causar heridas de gravedad a una bebé de siete meses y a su madre

(Aguadilla) – La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el fiscal de distrito de Aguadilla, José Aldebol Colón, informaron que una acusada por provocar daños y lesiones a una mujer y a su infante cuando las arrolló mientras conducía un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, hizo alegación de culpabilidad por todos los cargos según imputados.

Previo a comenzar el juicio en su fondo, Lory Frey hizo alegación de culpa por dos cargos por violar el Artículo 7.06 (grave daño corporal), un cargo por violar el Artículo 7.02 (manejo de vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes) y violar el Artículo 5.07 (imprudencia o negligencia temeraria).

El juez Jaime E. Rodríguez González, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, acogió la alegación de culpabilidad y fijó la lectura de sentencia para el 10 de diciembre. Se expone a una pena de hasta tres años.

Los hechos relacionados a este caso ocurrieron el 16 de marzo de 2017 cuando la hoy convicta conducía un vehículo Hyundai Sonata por la carretera 413 del barrio Ensenada, en Rincón, bajo los efectos de bebidas embriagantes. Fue entonces que atropelló a una mamá y a su bebé, provocándoles fracturas y heridas de gravedad.

Las fiscales del caso son Diana Méndez y Zullirma Méndez.

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Martes, 16 de octubre de 2018

Departamento de Justicia somete un cargo menos grave contra abogado por obstrucción a la justicia

(San Juan) – La Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, y la fiscal de distrito de Bayamón, Sonia Otero, informaron que esta tarde se radicó un cargo menos grave contra el abogado Leonardo M. Aldridge por obstrucción a la justicia por hechos ocurridos en Santurce.

Las fiscales Lis López y Jennifer Cancio sometieron un cargo menos grave por violación al Artículo 246 por obstrucción a la justicia contra Aldridge por intervenir en una escena bajo investigación el 21 de septiembre pasado.

La jueza Nidia del Carmen Ríos Jiménez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto y citó el juicio para el 5 de noviembre.

La prueba revela que Aldridge llegó de manera desafiante a la escena donde las autoridades investigaban la trágica muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena y se encontraban en el proceso de recopilar evidencia y realizar entrevistas. Según se desprende de las declaraciones, ningún potencial testigo solicitó el asesoramiento de abogado ni la asistencia legal de Aldridge. No obstante, Aldridge llegó y le instruyó a la testigo que abandonara el lugar y, con ello, impidió que ésta fuera oportunamente entrevistada por los funcionarios a cargo de la investigación.

“Ante las acciones ilegales del abogado ante funcionarios del orden público,  éste fue arrestado. Un examen ponderado de los eventos suscitados esa mañana confirma que su presencia y acciones en la escena, tuvo un impacto  en el curso ordinario de la investigación.  Hoy responde ante los foros judiciales por esa conducta”, destacó Castellón Miranda.

“Reiteramos que ni la Fiscalía ni la Policía de Puerto Rico permitiremos la obstrucción de la justicia por parte de nadie. Nadie está por encima de la ley. La investigación de una escena dirigida al esclarecimiento de eventos debe tener el manejo más transparente y riguroso para que el mismo no sea posteriormente cuestionado. Los abogados, por su parte, deben observar el cumplimiento de cualquier responsabilidad de los cánones de ética”, agregó la Jefa de Fiscales.

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Miércoles, 17 de octubre de 2018

Declaración autorizada por la Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda:

“Ante expresiones vertidas relacionadas a la radicación de cargos contra un abogado en el día de ayer, debemos dejar meridianamente claro lo siguiente.

Es nuestro norte como representantes del Ministerio Público aplicar la justicia sin privilegios. Esto no se trata de política y mucho menos de un asunto personal contra ningún compañero letrado. Se trata del descargue de nuestra responsabilidad de proteger las escenas y a los testigos. Este caso fue sometido al tribunal como corresponde. El imputado estuvo representado por sus abogados y la honorable jueza Nidia del Carmen Ríos Jiménez encontró causa probable para arresto por estar presentes los elementos del delito imputado.

Nos reafirmamos en nuestra labor y en la función de los fiscales, la cual realizamos con la integridad y seriedad que corresponde a esta gran responsabilidad que tenemos delegada de hacer justicia, independientemente de la persona envuelta. Los casos los litigaremos donde corresponde y nos dictan los Cánones de Ética, en el Tribunal”.

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Jueves, 18 de octubre de 2018

Culpable de tentativa de asesinato por herir de bala a vecino en Hato Rey

(San Juan) – La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la fiscal de distrito de San Juan, Melissa Vázquez, informaron que un jurado encontró hoy culpable a Marcelino Santiago Díaz por un cargo de tentativa de asesinato y dos cargos por violación a la Ley de Armas por dispararle a un vecino en hechos ocurridos en 2017.

El jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Santiago Díaz por poseer un arma ilegal y usarla para dispararle a un vecino que se encontraba desarmado. Los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2017 en la urbanización Floral Park, en Hato Rey, cuando le disparó a su vecino desde el techo y le causó una herida en una pierna.

La prueba del Ministerio Público fue presentada por las fiscales Gracielis Vega Bermúdez y Adriana Albors Ortiz ante el juez Alberto Pérez Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“El jurado determinó la culpabilidad de Santiago Díaz por atentar contra la vida de un vecino y por poseer un arma ilegal. Somos un país de ley y orden y continuaremos trabajando en conjunto con el Negociado de la Policía para investigar y procesar los casos para llevarlos ante la justicia”, indicó Vázquez Garced.

La lectura de sentencia fue pautada para el 4 de diciembre.

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Lunes, 22 de octubre de 2018

Departamento de Justicia ordena investigación en el caso de la muerte de Francisco Chévres Rivera

Expresión autorizada por la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced

“A raíz del lamentable hallazgo del cuerpo de Francisco Anthony Chévres Rivera en la mañana de hoy en el interior de su vehículo en la División de Tránsito del Negociado de la Policía en Bayamón, he ordenado a la Fiscalía que, no solamente realice una investigación sobre la causa y manera de muerte del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que también se investigue si hubo negligencia por parte de algún servidor público en el descargue de su responsabilidad.

La Fiscal de Distrito de Bayamón, Sonia Otero, asignó al fiscal Josué Padilla para la investigación relacionada a la causa y manera de muerte de Chévres Rivera, mientras que el fiscal Obdulio Meléndez Torra, de la División de Integridad Pública, evaluará la posible comisión de negligencia por parte de algún funcionario relacionado a este caso.

Debe quedar meridianamente claro que, hasta esta mañana, el Departamento de Justicia no tenía injerencia en el deber de la búsqueda en la desaparición de Chévres Rivera ni por el accidente automovilístico, asuntos que estaban bajo investigación del Negociado de la Policía y no se consulta a la Fiscalía.

Hoy, ante el lamentable hallazgo del cuerpo del hombre de 47 años, pasa entonces a ser competencia del Departamento, y evaluaremos e investigaremos todas las incidencias relacionadas a este caso”.

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Miércoles, 24 de octubre de 2018

Departamento de Justicia somete cargos contra sujeto que asesinó a su pareja en Cayey

(Caguas) – El Departamento de Justicia, a través de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón y el Fiscal de Distrito de Caguas, Yamil Juarbe Molina, informaron que anoche se radicaron cargos contra Jesús Sáez González por el asesinato de Dohanna Carrasquillo Rojas, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de septiembre pasado en el barrio Rincón Marina, en Cayey.

Los fiscales Liza Y. Morales Jusino y Javier Rivera, quienes investigaron junto al agente Carlos M. León Vázquez de la División de Homicidios del Negociado de la Policía de Caguas, radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas contra Sáez González.

De la investigación se desprende que el 13 de septiembre pasado, se recibió una llamada al sistema de emergencias 9-1-1. La querellante indicó que su hermana no salía de la residencia desde hacía varios días. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontró el cuerpo sin vida de Carrasquillo Rojas y en estado de descomposición.

El resultado de la autopsia realizada por el Negociado de Ciencias Forenses reflejó que la causa de muerte fue herida de arma blanca.

Durante el proceso de investigación, se identificó a Sáez González como el sospechoso y éste confesó que el 6 de septiembre asesinó a la víctima, con quien mantenía una relación consensual. La pareja tenía un incidente de violencia de género anterior, pero el mismo fue desestimado por el tribunal porque la perjudicada no compareció a los procesos.

El juez Rafael Parés, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa para arresto contra Sáez González y le impuso una fianza global de $1.5 millones.

“Es muy triste tener que relatar nuevamente el asesinato de una mujer que fallece víctima de la violencia de género. Son incidentes que demuestran que debemos ser solidarios con las que sufren en silencio el maltrato. Delata la violencia, sé parte del cambio y seamos todos parte de la solución, dándole esperanza y seguridad a aquellas mujeres víctimas para que sepan q sí se puede vivir en paz. Nuestra solidaridad con su familia”, manifestó Castellón Miranda.

La vista preliminar fue señalada para el 13 de noviembre.

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Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Justicia y Policía esclarecen múltiples casos por asesinatos y agresiones sexuales en siete jurisdicciones

(San Juan) – La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el Secretario de Seguridad Pública (DSP), Héctor M. Pesquera, en conjunto con el Comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, informaron que entre ayer y hoy, se radicaron casi una centena de cargos contra individuos acusados por casos de asesinatos y otros por agresión sexual en distintas jurisdicciones, cuyas fianzas suman $17,355,000.

La radicación de 92 cargos por 12 casos de asesinato contra 25 individuos y de seis cargos por agresión sexual contra dos sujetos se dio en las jurisdicciones de Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez y San Juan.

En Caguas, se radicaron cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra Ángel Torres Feliciano por el asesinato de Jonathan Lee Zavala Rosado, en hechos ocurridos el 26 de julio de 2017 en el residencial Narciso Varona, en Juncos. Se le impuso fianza de $1.5 millones.

En otro caso en la misma jurisdicción, se radicaron cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra Christian Uriel Rodríguez Domínguez, John Anthony Román y Abdiel Xavier Ortiz Quiles por el asesinato de Francisco Cotto Pérez en Cayey el 20 de octubre de 2018. La fianza global fue de $5.7 millones.

Relacionado a ese caso, se le radicaron cargos por tentativa de asesinato a Andy Pierce de Jesús y Luis Alexander Rodríguez por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2018 en el Residencial Brisas de Cayey. La fianza contra ambos fue de $4 millones en total.

Wilberto Díaz Rivera, Luis A. Rodríguez Hernández y Darly Michelle Dorno Torres fueron imputados por 11 cargos relacionados a asesinato, Ley de Armas y encubrimiento por el asesinato de Arnaldo Vázquez Ortega, ocurrido el 22 de junio de 2018 en el estacionamiento de una megatienda en Canóvanas. La fianza fue de $180,000.

Doce cargos fueron radicados contra Carlos M. Cruz Vega, Aramiz Casanova Pérez y Steven García Flores por asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el asesinato de Anjohny Solís Rodríguez el 1 de febrero de 2018 en el sector El Verde, en Río Grande. Se les impuso una fianza ascendente a $1,150,000.

En el mismo municipio ocurrió el asesinato de Jeffrey Calderón Centeno el 22 de marzo pasado en el barrio Juan González. Por estos hechos, fueron acusados Miguel Ángel Robles Hernández y José Yadiel Díaz García con un total de 14 cargos. La fianza total es de $1,750,000.

Juan López Figueroa fue asesinato el 5 de septiembre de 2016 en el edificio 6 del Complejo Correccional de Guayama, por lo que fue acusado por asesinato en segundo grado Justino García Martínez.

En el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, se fijó una fianza de $600 mil al radicar ocho cargos por asesinato y conspiración contra Juan Quiñones Meléndez, Jayson M. Rodríguez González, Alexander Rosario de León y José Reyes del Valle por asesinar a Andrés E. Velázquez Hernández el 11 de abril de 2013 en el barrio Tejas, en Las Piedras.

Quiñones Meléndez también fue acusado por otro asesinato junto con Rafael Miranda Tolentino y Efraín Rivera Ramos por asesinato y conspiración por hechos ocurridos el 2 de julio de 2013 al asesinar a Ángel Efraín González Vega en una barbería, en Las Piedras. La fianza fue de $600,000.

También en el Tribunal de Humacao se radicaron 15 cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra Jancarlos Velázquez Vázquez por el asesinato del agente de la Policía Joaquín Correa Ortega en hechos ocurridos en el barrio Collores, en Humacao, el 10 de marzo de 2014. Se le impuso una fianza de $1,275,000.

Gilbert W. Rodríguez Ferrer fue acusado por dos cargos por asesinato y amenaza e intimidación a testigos por asesinar a Rosa E. Acevedo González el 19 de octubre pasado en el residencial Roosevelt, en Mayagüez. La fianza asciende a $250,000

En San Juan, se sometieron dos casos. Uno fue contra Juan Rivera González por el asesinato de Elías Almonte Díaz en hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2017, y otro contra Edgardo López Mejías, Charles Aponte Iglesias y Joel Serrano Vázquez por asesinato y secuestro por hechos ocurridos contra José Mojica Contreras el 3 de julio de 2005 en la carretera 877, en San Juan.

Uno de los casos de agresión sexual se radicó en San Juan contra Ramón Robles Hilario por hechos ocurridos en el verano de 2014 contra una menor de 12 años, hija de su expareja. El otro se sometió en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo contra Fernando Marcano Matos, quien enfrenta cinco cargos por agresión sexual y maltrato de menores por hechos cometidos contra su hijastra de 16 años entre 2016 y 2018. Las fianzas impuestas fueron de $100,000 y $250,000, respectivamente.

“Como parte de nuestras funciones, nos dimos la tarea de identificar aquellos casos que estaban sin determinación final. Algunos estaban sin resolver por diversas razones, como informes periciales, ubicación de testigos, entre otros. Los fiscales del Departamento de Justicia, junto al componente de ley y orden, se dieron a la tarea de formar un ‘strike force’ para examinar, adelantar y poder radicar dichos casos encaminados a que finalmente enfrenten el proceso. El compromiso de este equipo de trabajo fue crucial para poder esclarecer los mismos. Hoy, luego de un gran esfuerzo, finalmente fueron sometidos y los imputados enfrentarán el proceso para hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares, que estaban esperando por la solución de los casos para adelantar su proceso de recuperación emocional”, destacó Vázquez Garced.

“Las múltiples radicaciones sometidas surgen gracias al trabajo comprometido y en equipo de los distintos componentes que hace que los casos prosperen en los tribunales. Destaco la labor realizada por los agentes investigadores del Negociado de la Policía, los peritos del Negociado de Ciencias Forenses y de los fiscales, quienes unen cada pieza en el proceso de investigación criminal para determinar las sanciones correspondientes para los que violentan la ley y provocan daño en nuestra sociedad. Reitero que continuaremos realizando la labor que nos permite seguir teniendo este tipo de resultados. Igualmente, destaco el resultado del efecto del plan anticrimen que nos hace tener al día de ayer menos asesinato y menos 20% en los delitos tipo I en comparación al año pasado”, manifestó Pesquera.

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(inglés/english)

Miércoles, 26 de agosto de 2020

(San Juan, Puerto Rico) – La secretaria interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez y la directora de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) la Fiscal Especial Rita Rodríguez-­Falciani informaron que hoy se radicaron cargos contra María J. Torres Torres de 48 años y representante de Dental Health Care, LLC por Apropiación Ilegal Agravada de fondos pertenecientes al Programa de Medicaid y práctica ilegal de la
Odontología.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Pedro Hernández Zumaeta junto al Agente Rosalía Berenguer Zurita de la Unidad de MFCU. De los hechos se desprende que el pasado 16 de agosto de 2019 la Administración de Seguros de Salud (ASES) y un administrador de servicios dentales, realizaron un referido dirigido a la Unidad de MFCU indicando que María J. Torres Torres, asistente dental y propietaria de Delta Health Care, LLC, una corporación que
provee servicios dentales en el Municipio de Cayey, sometió reclamaciones de pago por servicios alegadamente brindados por la Dra. Gladys E. Cruz Estrada, dentista de profesión, durante los meses de agosto a diciembre de 2017. La Dra. Cruz Estrada, alegó y mostró evidencia de que nunca trabajó para la empresa Dental Health Care, LLC. El total de pagos por reclamaciones durante el periodo de agosto a diciembre de 2017, asciende a $4,199.40, provenientes del Programa de Medicaid. La imputada durante el mismo periodo prestó
servicios correspondientes a la profesión de cirujano dental sin poseer la licencia.

A Torres Torres se le radicaron: tres cargos por violación al Artículo 182 Apropiación ilegal Agravada, por tratarse de fondos públicos pertenecientes al Programa de Medicaid; tres cargos por el Artículo 203 Fraude por medio Informático; tres cargos por el Artículo 209 Apropiación ilegal de identidad; tres cargos por el Artículo 212 Falsedad ideológica del Código Penal de Puerto Rico. También se le radicó un cargo por la sección 93, título 20 L.P.R.A, conocida como Ley 75 del 8 de agosto de 1925, según enmendada por práctica ilegal de la Odontología.

La juez María Rojas Delgado del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa probable para arresto en todos los cargos presentados contra Torres Torres e impuso una fianza global de $13,000. La vista preliminar fue señalada para el 11 de septiembre de 2020.

“Los fondos asignados al Programa de Medicaid son exclusivamente para prestar servicios de salud a las personas indigentes en Puerto Rico, son un pareo de fondos federales y estatales. Es inaceptable que se cometa fraude con estos fondos y no vamos a tolerar este tipo de conducta. Exhortamos a la ciudadanía y a los profesionales de la salud a denunciar estos casos. Si conoce de alguna situación que pueda constituir fraude al programa de Medicaid o en
abuso y negligencia en personas institucionalizadas, notifíquelo a:
PRMFCU@justicia.pr.gov; o puede llamar al (787)721-­2900, extensiones 1551, 1560 o 1561 o al (787) 342-­5521”, concluyó la secretaria interina Carrau Martínez.

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(spanish/español)

Wednesday, August 26, 2020

(San Juan, Puerto Rico) – Acting Attorney General Inés del C. Carrau Martínez and the Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) director, Special Prosecutor Rita Rodríguez-Falciani reported that charges were filed today against Maria J. Torres Torres, 48, a representative of Dental Health Care, LLC for Aggravated Misappropriation of funds belonging to the Medicaid Program and illegal practice of dentistry.

The investigation was conducted by Prosecutor Pedro Hernández Zumaeta together with Agent Rosalía Berenguer Zurita of the MFCU. The allegations arise from August 16, 2019, when the Puerto Rico Health Insurance Administration (ASES) and a dental services administrator, made a referral to the MFCU indicating that Maria J. Torres Torres, dental assistant and owner of Dental Health Care, LLC., a corporation that provides dental services in the Municipality of Cayey, submitted claims for payment for services allegedly provided by Dr. Gladys E. Cruz Estrada, a dentist by profession, during the months of August to December 2017. Dr. Cruz Estrada alleged and showed evidence that she never worked for Dental Health Care, LLC. The total payments for claims submitted during the period of August to December 2017, amounts to $4,199.40, coming from the Medicaid Program. The defendant during the same period served as an unlicensed dental surgeon.

Torres Torres was charged with three counts of Illegal Appropriation of Public Funds; three counts of Fraud through Electronic Means; three counts of Identity Theft and three counts of Ideological Falsehood. Torres Torres was also charged with one count of Illegal practice of the Dental profession.

The Honorable María Rojas Delgado of the Caguas Court of First Instance, found probable cause on all charges presented against Torres Torres and set bail at $13,000. The preliminary hearing will take place on September 11th, 2020.

“Funds assigned for the Medicaid Program are exclusively for the provision of health care services to indigent people in Puerto Rico as part of a matching of federal and state funds. It is unacceptable to commit fraud with these funds and we will not tolerate this type of conduct. We urge health care providers and the citizenship in general to denounce these cases. If you know of any situation that might constitute fraud against the Medicaid program or abuse and neglect against institutionalized patients, notify it at PRMFCU@justicia.pr.gov, or you can call (787) 721-2900, extensions 1551, 1560, 1561, or (787)342-5521”, concluded Acting Attorney General Carrau Martínez.

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INFORME LOGROS 2017-2020

Plan Estrategico 2019-2023

13 de octubre de 2021

La Fiscalía de San Juan presentó hoy cinco cargos criminales contra Rafael Enrique Cotto Martínez, conductor de un camión que provocó un aparatoso accidente con 12 vehículos en la autopista Luis A. Ferré, durante el mes de noviembre del año pasado, causando graves daños y heridas a los perjudicados.

Una abarcadora investigación, que incluyó análisis de los automóviles, expedientes médicos, evaluación de evidencia digital y entrevistas, reveló que Cotto Martínez, de 26 años, conducía un camión, marca Mack del año 1999, a exceso de velocidad, de manera negligente y temeraria.

La juez Iliana Blanco, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, determinó causa para arresto en los cargos imputados por la fiscal Fabiola Acarón Porrata-Doria, al amparo de la Ley 22 del 2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Como consecuencia del accidente, cuatro de las 12 personas heridas resultaron con grave daño corporal, por lo que tuvieron que ser recluidas, en condición de cuidado, en el Centro Médico de Río Piedras. Todos los perjudicados recibieron atención médica.

La fiscal explicó que el imputado podría enfrentar tres años de cárcel y que, “por ser menos grave, el caso pasa directo al juicio, señalado para el 5 de noviembre”.

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13 de octubre de 2021

La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (DJ) radicó hoy 12 cargos contra Omar E. Falcón Torres, conocido por “Medeabot”, por violar una orden de protección e infringir el Artículo 4(B)(4) de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, al incurrir en un patrón de hostigamiento cibernético contra una mujer a través de la red social Twitter.

 Durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, Falcón Torres mantuvo un patrón de acoso contra la víctima, mediante la creación de cuentas a través de la plataforma social Twitter. La mujer, cuya identidad no será revelada, tenía una orden de protección a su favor. Como parte de esta investigación, el pasado 21 de septiembre se emitieron tres órdenes de registro y allanamiento para ocupar dispositivos electrónicos en posesión del imputado.

 La juez Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por todos los cargos radicados por el Ministerio Público, y le impuso una fianza de $600 mil; a razón de $50, 000 por cada cargo.

 Sin embargo, Falcón Torres permanecerá en el complejo correccional de Sabana Hoyos, donde se encuentra desde el mes de septiembre, cuando fue encarcelado por violar las condiciones de fianza impuestas por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). Esto, relacionado con otro caso pendiente de juicio en el Tribunal de Bayamón por violación al artículo 2.8 de la Ley 54 de 1989, Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

“Este individuo es reincidente y su conducta refleja temeridad y menosprecio por la ley y el orden. Cuantas veces acose o incurra en conducta delictiva lo vamos a procesar, para que desista de intimidar, acosar y atormentar a las mujeres a través de las redes sociales”, sostuvo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

 Cabe señalar que, en el año 2015, Medeabot fue sentenciado a cumplir cinco años en prisión por incurrir en un patrón de acoso cibernético masivo y apropiación ilegal de identidad, creando y utilizando 300 cuentas en Twitter. Luego de salir de la institución el año pasado, continuó con dicho patrón, según lo reveló la investigación realizada por el director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del DJ, Gilberto Gierbolini Merino, el fiscal Alexis Arraiza Antonmattei y el agente Izaac Rivera Galarza del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

 “Cualquier acción que constituya un delito cibernético se investigará y procesará. El hecho de que la conducta se cometa a través de la Internet o redes sociales no significa que será ignorada o que permanecerá bajo anonimato. Todo lo contrario, en algunas instancias su alcance es mayor y contamos con las herramientas y el personal especializado para detectarlo. Felicito a los fiscales Gierbolini Merino y Arraiza Antonmattei por su labor investigativa y al presentar este caso ante el tribunal”, añadió el secretario.

 Por su parte, Gierbolini Merino exhortó a que “cualquier persona que entienda ha sido víctima de un crimen cibernético, debe comunicarse de inmediato a la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, la cual trabaja en coordinación con el Departamento de Justicia para investigar este tipo de delitos”, manifestó Gierbolini.

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