El pasado lunes 6 de julio, Miranda se expresó decepcionado con la decisión emitida por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, que tiene el efecto de dejar a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas. La determinación del panel fue respecto al pleito incoado por dos firmas de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica que demandaron a dicha entidad.

“Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico.  Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Por tratarse de un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislación en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones públicas”, explicó el titular del Departamento de Justicia.

Miranda opinó además que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.

El propósito de la Ley 71 de 2014 es reestructurar equitativamente las deudas de las corporaciones, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la prestación de los servicios esenciales.

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(16 de julio de 2015) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció la ampliación del Programa de Prácticas Supervisadas y Pasantías de la agencia para que estudiantes a nivel subgraduado y graduado puedan tener la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en distintas divisiones del DJ.

“En tiempos de alta competitividad laboral, la experiencia práctica es fundamental como antesala a la experiencia profesional formal. Siempre he reiterado que en el Departamento de Justicia contamos con excelentes profesionales y servidores públicos, quienes están dispuestos a compartir su conocimiento y guiar a los participantes del Programa. Creo firmemente en promover la relación estrecha entre la academia y las agencias públicas como instrumento para el desarrollo y reclutamiento de servidores públicos talentosos y comprometidos. De igual forma, con estas iniciativas el gobierno se nutre positivamente del ímpetu del estudiantado mientras tiene la oportunidad de servir a Puerto Rico. Por ello, exhorto a todos aquellos jóvenes interesados a que aprovechen este proyecto”, expresó Miranda.

El Programa se rige bajo la Orden Administrativa 2015-15 de la agencia y estará bajo la dirección del licenciado José F. Cháves Ortiz, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del DJ. El Programa está disponible para estudiantes de derecho, notarial, justicia criminal, trabajo social, psicología, finanzas, contabilidad y otras disciplinas cuyas destrezas se adapten a las funciones que se realizan en el Departamento de Justicia.

La duración del Programa de Prácticas Supervisadas dependerá de los requisitos educativos de cada institución participante, usualmente de 6-12 meses. Mientras que, el Programa de Pasantías permite el disfrute de una experiencia similar por un término de tiempo menor.

Se espera que unos cinco estudiantes puedan ser asignados a cada unidad de trabajo participante. Será responsabilidad de la entidad educativa y el Departamento de Justicia coordinar el término y proceso de evaluación de los seleccionados.

Los estudiantes de las escuelas de derecho podrían ser ubicados en las siguientes divisiones: Oficina del Jefe de los Fiscales, Oficina de la Procuradora General, Secretaría Auxiliar de lo Civil, Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, Secretaría Auxiliar de Asesoramiento, Oficina de Asuntos Monopolísticos, Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Registro de la Propiedad.

Por su parte, los estudiantes graduados y subgraduados de  otras disciplinas podrían ser asignados a la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración, el Registro de la Propiedad y cualquier otra unidad que se identifique en coordinación con el estudiantado y la entidad educativa.

La descripción completa del Programa y las unidades participantes estará disponible en la página electrónica del DJ.  Para solicitar información sobre el Programa, la disponibilidad de espacios y unidades participantes adicionales, pueden comunicarse con el licenciado José F. Chaves Ortiz, director del Programa, al 787-723-4739 o jchaves@justicia.pr.gov.

(28 de julio de 2015) – Tras registrarse un aumento en los reportes de delitos sexuales, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, reconoció el arduo trabajo de prevención que realizan las distintas agencias gubernamentales para atender la incidencia de estos crímenes que históricamente –y por diversos factores sociales– no siempre son reportados a las autoridades.

Estadísticas provistas por la Policía de Puerto Rico reflejan que en 2014 se reportaron 44 violaciones. En lo que va de año, se han reportado 38. En promedio mensual, para el 2014 se registraron 3.66 violaciones, mientras que para los meses que van del año en curso, el promedio mensual es de 6.33 violaciones reportadas.

En términos globales, el total de delitos sexuales para el presente año -entre los que se incluye violación, actos lascivos, incesto- es de 822. El total de esta cifra para el 2014 fue de 1008.

Los datos fueron compartidos en una reunión interagencial en la sede del DJ en Miramar, en la que estuvieron presente el superintendente de la Policía, José Caldero López; la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rodón; la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez; y Carmen Monge del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), adscrito al Departamento de Salud.

“Al comparar las estadísticas de las distintas agencias, concluimos que se registra un descenso de un 37 por ciento en el abuso sexual intrafamiliar de los menores. Por otro lado, Policía informa sobre un aumento en el reporte de violaciones, cuyas víctimas son femeninas de 14 a 18 años, según reportado a través de sus maestros, amigos o trabajadores sociales. Un elemento que definitivamente tenemos que tomar en cuenta al ver dicho aumento en los reportes, es que este tipo de agresión históricamente no se reporta, ya sea por pudor, desconocimiento de los procesos o miedo a los mismos agresores. De igual forma, hay que reconocer que hoy día tenemos más apertura en los medios para denunciar y no tolerar las agresiones, en específico hacia las mujeres, que son por mucho las más afectadas. Creo que, por parte del gobierno, nuestras campañas han sido efectivas, y además nuestra insistencia en solicitar la cooperación ciudadana para denunciar estas agresiones ha dado frutos” señaló Miranda, en referencia a las confidencias que recientemente permitieron la captura del llamado “violador de Santurce”.

Como consenso, el grupo acordó que la fórmula efectiva para atajar las agresiones sexuales es aquella que contempla la educación temprana en equidad y perspectiva de género, la cooperación ciudadana con las autoridades y la colaboración de los medios de comunicación para difundir campañas sobre el tema.

“La Policía de Puerto Rico no descansará hasta atrapar a quienes cometan estos crímenes. Un ejemplo claro de nuestro compromiso fue el arresto del sospechoso de varias agresiones sexuales en el área de Santurce y Carolina, cuando se logró su captura gracias al compromiso de nuestros agentes, a la cooperación ciudadana y a los medios de comunicación, que difundieron fotografías de forma masiva. Nuestra exhortación a las féminas es a mantenerse vigilantes cuando se dirijan a sus vehículos y a que, de forma inmediata, reporten a la Policía cualquier incidente de esta índole a través de nuestra línea confidencial 787-343-2020″, expresó Caldero López.

Por su parte la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rodón, sostuvo que en muchas ocasiones se trata de un problema de poder y control del agresor sexual sobre las víctimas. A la vez, destacó una correlación directa como consecuencia de las experiencias del pasado del  victimario. “Se ha encontrado una correlación directa del agresor si éste fue víctima de maltrato cuando niño, existe una tendencia en que llegada su adultez pase a convertirse en victimario. Por eso es importante enfocarse en la protección de la niñez y que todos los sectores nos unamos para establecer un plan de trabajo dirigido a la prevención de los más vulnerables”.

Asimismo, la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, identificó que el aumento en los reportes de violaciones sexuales se debe en parte a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía en tiempos recientes, indicativo de que cada día va quedando más lejano el tabú que rodea este tipo de ofensa en sus víctimas. Argumentó que si bien la incidencia de delitos de violencia doméstica ha disminuido, su dependencia registra un alza de más de 50 por ciento en la cantidad de llamadas recibidas en su línea telefónica de orientación, lo que es indicativo de que cada día más personas buscan informarse sobre conductas violentas, como lo son las agresiones sexuales. Dichas orientaciones (que para 2012 fueron 3,200; aumentaron a 7,000 en 2014) suelen ser los primeros pasos para reportar una violación.

A modo de prevención, se exhorta a la ciudadanía a que acceda al Registro de Ofensores Sexuales del Departamento de Justicia, para que conozca aquellos ofensores que viven cerca de su casa, trabajo o escuelas: www.sor.pr.gov.

ALGUNOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES RECIENTES

1. En noviembre de 2014 se constituyó el Comité Multisectorial sobre Violencia de Género que, junto a sectores de la sociedad civil, coordina iniciativas para prevenir conductas violentas que se originan en los prejuicios por género, entre otras causas.
2. El CAVV ha impartido talleres sobre violaciones sexuales a jóvenes estudiantes, a través del Departamento de Educación.
3. En febrero 2015, se comenzó impacto mediático acerca de la perspectiva de género, campaña que ha probado su efectividad tanto en prevención como en el sucesivo aumento de denuncias de delitos relacionados a prejuicios por género.
4. El DJ adoptó una política interna de perspectiva de género, en virtud de lo cual se ofrecerán en el mes de agosto conferencias relacionadas al tema para sus empleados y fiscales.

(10 de agosto de 2014) Con el fin de orientar a los empleados sobre cómo se puede prevenir el suicidio el Departamento de Justicia (DJ) se unió hoy a los esfuerzos de la Comisión para la Prevención del Suicido del Departamento de Salud durante la celebración de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio.

Como parte de las actividades que se llevarán a cabo durante esta semana, el Departamento de Justicia ofrecerá adiestramientos al personal para que puedan aprender a prevenir y manejar situaciones suicidas.

“Es muy importante recalcar que siempre hay una solución, aunque de primera intención no la veamos. Por ello es crucial que le proveamos a nuestros compañeros alternativas que derroten ideaciones o intentos suicidas”, manifestó el Secretario de Justicia, César Miranda.

Actualmente, la agencia trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo de intervención el cual ayudará a los empleados a auscultar alternativas a sus problemas.

Por su parte, Carlos Quiñones, director interino de la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos del Delito del DJ, expresó que según cifras de la Organización Mundial de la Salud el suicidio ocupa un lugar entre las primeras diez causas de muerte.

“En Puerto Rico, es la tercera causa de muerte. Las personas entre las edades de 15 a 24 años son de los grupos más vulnerables, registrando la segunda o tercera causa de muerte”, indicó.

Del mismo modo, el suicido está catalogado como la cuarta causa de muerte para aquellos entre las edades de 35 a 45 años.

Finalmente, el grupo de 45 a 65 años está entre la quinta u octava causa de mortandad.

(14 de agosto de 2014) – El Ministerio Público se presta a radicar en el día de hoy un total de 73 cargos contra dos personas privadas y cinco funcionarios públicos que operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio, el cual permitió la erogación de $2.9 millones en fondos públicos para obras de remodelación de sus predios entre 2010 y 2012.

El esquema acumuló 141 transacciones en las que se falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de dineros del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas de obras de construcción, actuaciones que privaron al Estado de una justa competencia entre licitadores para otorgar órdenes de compra por servicios al menor costo posible.

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, condenó dicho esquema y lo catalogó como un crimen más contra los contribuyentes. “Con la presentación de estos 73 cargos criminales estamos dando un golpe muy firme allí en donde se orquestó y ejecutó este flagrante acto de corrupción, uno de los más serios que hemos visto en tiempos recientes. Estas siete personas manipularon ilegalmente casi $3 millones de los dineros que tanto los trabajadores como las empresas aportan al Estado para la obra pública. Mientras el país atravesaba –y atraviesa– por una crisis fiscal sin precedentes, estas personas trastocaron los controles internos de la Superintendencia del Capitolio para privar al pueblo de Puerto Rico de una libre competencia para la realización de dichas obras. Por eso hoy yo digo que ese mismo ‘Pueblo de Puerto Rico’ que aparece en las denuncias presentadas, es para mí el pueblo contribuyente que acusa y reclama por haberlo defraudado y por haberlo atacado en su fibra más frágil y sagrada: el dinero público, el dinero de Puerto Rico”, afirmó el titular de Justicia. Miranda reconoció la labor de los auditores y la colaboración de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, en esclarecer el esquema de fraude que se extendió por más de dos años.

Fragmentación de las obras

Por otro lado, el Ministerio Público estableció que por la cantidad de 141 órdenes concentradas entre 2010 y 2012 en la Superintendencia del Capitolio, el proceso formal que requería era uno de subasta entre licitadores dado lo abarcador de los trabajos de construcción, como establece el reglamento para contrataciones de más de $50,000. No obstante, hubo una fragmentación en la conceptualización de las obras, lo que resultó en que todas las remodelaciones se contrataran de manera individual, sin subasta, por ser todas por menos de $50,000.

73 cargos

Los ciudadanos privados lo son el matrimonio compuesto por Edil Danois Román y Eliena Cuervo Sierra a cargo de las empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp. Danois Román enfrenta 31 cargos en total por falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de fondos públicos y privados, y fraude. Cuervo Sierra, enfrenta un cargo por fraude.

Los cinco funcionarios que laboraban para la fecha de los hechos en la Superintendencia del Capitolio son: Jamilette Ramírez Sánchez, Gladys Alberti Torres, Álex E. Martínez Morales, Juan Carlos Acosta Ramírez y Endel Rodríguez Cortés.

Contra Ramírez Sánchez se presentaron 15 denuncias en total por apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimiento del deber, aprovechamiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Alberti Torres enfrenta 5 cargos: un cargo por apropiación ilegal de fondos públicos, tres cargos por omisión en el cumplimiento del deber y un cargo por aprovechamiento ilícito.

Asimismo, Martínez Morales tendrá que responder por los 4 cargos consistentes en la apropiación ilegal de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber.

Por último, Acosta Ramírez enfrenta 3 cargos por omisión en el cumplimiento del deber, mientras que Rodríguez Cortés encara 14 cargos por perjurio.

Esquema fraudulento

El esquema fraudulento consistía en que Danois Román logró falsificar documentos de dos compañías de construcción y generaba cotizaciones falsas, las cuales presentaba junto a una cotización de sus empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp., dando la falsa impresión de competencia para lograr hacerse de órdenes para la remodelación de oficinas y otras instalaciones. Luego de presentadas, la participación de los cinco funcionarios imputados permitía que se adjudicaran las órdenes y se emitieran los cheques.

El orden normal de la contratación de servicios debía iniciarse con una orden de solicitud de servicios, documento que daría justificación para la gestión de cotizaciones de las obras a realizarse. Sin embargo, Ministerio Público se apresta a mostrar evidencia ante el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan la presentación de tres cotizaciones ante la Superintencia un mes antes de que la propia dependencia solicitara las cotizaciones para dichos servicios. Más aún, se presentó prueba documental que demostró la realización de gestiones por parte de los imputados para que se procesaran todos los documentos y aprobaciones requeridas dentro de un mismo día laborable, incluso la emisión de los cheques correspondientes para la obra en cuestión.

Danois Román llegó a cobrar en más de una ocasión por la misma obra, pues facturó doble y hasta triple por la labor realizada previamente. Estas facturas fueron pagadas a través de una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y fondos de la Superintendencia del Capitolio.

La investigación fue iniciada durante una auditoría de la Superintendencia del Capitolio realizada por los auditores Jesús Cruz y Héctor Ortiz de la Oficina del Contralor. La auditoría e investigación contó con la colaboración de la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, creada por la Contralora en el 2012. Dicha dependencia realizó un análisis forense digital de las computadoras de la Superintendencia y halló evidencia que forma parte de las acusaciones.

“Estamos muy complacidos con la dinámica de trabajo que se dio entre auditores, investigadores y fiscales, que resultó en la radicación de estos cargos. La Contraloría sigue laborando estrechamente con las entidades estatales y federales en la fiscalización de los fondos públicos”, indicó la Contralora.

Cruz y Ortiz trabajaron junto al agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, Orlando Rodríguez, y las fiscales Carmen Padilla y Wilda Joy Nin de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor adscrita al DJ.

(20 de agosto de 2015) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció hoy la firma de un acuerdo colaborativo con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para ofrecer adiestramientos sobre equidad de género a los empleados de la agencia.

 “Desde hace varios meses el Departamento ha estado dando pasos afirmativos a favor de la protección de los derechos de todos los seres humanos. Es por ello que nos hemos dedicado a impulsar el trato igualitario hacia todas las personas y hemos promovido la equidad de género en nuestra agencia. Esta labor no cesa aquí, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para fomentar la igualdad”, manifestó Miranda.

El acuerdo colaborativo permitirá que personal administrativo, abogados civiles y registradores de la propiedad participen de los adiestramientos que serán ofrecidos entre agosto de 2015 y mayo de 2016 por la División de Prevención y Educación de la OPM.

Los talleres que serán administrados a estos participantes serán: Género y equidad; Discrimen por razón de género en el empleo; y Aspectos bio-sociales y legales de la violencia doméstica.

“Con este acuerdo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres capacitará y adiestrará a personal del Departamento en los aspectos psicosociales de la violencia doméstica y la intervención adecuada en estos casos, todos con una perspectiva de género.  De esta manera fortalecemos la respuesta del sistema de investigación criminal y contaremos con funcionarios capacitados para reducir la re-victimización de las perjudicadas al momento de radicar los casos. Por otro lado,  pretendemos tener una víctima protegida, segura y orientada donde los servidores públicos sean sensibles y estén capacitados para atender y manejar los casos de manera adecuada, eso es  un componente de nuestra misión fiscalizadora”, recalcó la Procuradora de las Mujeres.

Este acuerdo es una continuación de la directriz emitida por el Secretario de Justicia mediante la Orden Administrativa Número 08-2015, en la que establece que es indispensable que el Estado movilice esfuerzos hacia la equidad de género.

De otra parte, la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, hizo entrega del Manual de Violencia Doméstica de su agencia al Jefe de Fiscales, José Capó, y al Secretario Auxiliar de Menores y Familia, Marcos Algarín, para que lo distribuyan entre los fiscales y procuradores de menores.

Asimismo, se espera que el próximo 2 de septiembre la Procuradora de las Mujeres junto a la División de Prevención y Educación, ofrezcan un taller sobre equidad de género en la Academia del Ministerio Público.

(20 de agosto de 2015) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César R. Miranda, aprovechó su visita a la Escuela de la Comunidad Segundo Ruiz Belvis-la cual fue adoptada por la agencia desde el 2014- para reflexionar junto a sus estudiantes la importancia de fijarse metas y de perseguir sus sueños, esto como parte de una actividad organizada por la agencia para hacer entrega de materiales escolares al plantel cuya matrícula presenta un 97 por ciento bajo el nivel de pobreza.

“Cada vez me convenzo más de que la solidaridad es más bien una responsabilidad ética que un ejercicio de filantropía. Todos somos responsables de hacernos consciente de la realidad de pobreza material que nos rodea y de tomar acción. A veces resolver una situación no representa ningún gasto extraordinario sino que requiere que le demos importancia y pongamos manos a la obra. Sólo así podremos lograr que ningún nivel de pobreza sea capaz de arrebatarles la esperanza a nuestros niños. Hay que alimentarles sus sueños, apoyarlos y demostrarles sobre todo el poder de la solidaridad. De eso se trata hacer comunidad”, manifestó Miranda, quien empeñó su palabra en asistir en la coordinación de varias situaciones de planta física que enfrenta el plantel santurcino.

El Secretario volvió a hacer un llamado al resto de las agencias gubernamentales y empresas privadas a involucrarse en el quehacer comunitario, pues “más allá de los servicios que le ofrecemos al pueblo a diario podemos convertirnos en agentes de cambio”.

Durante la visita organizada por el Comité de Actividades y de Enlace con la Comunidad del DJ a  la Escuela, el Secretario de Justicia hizo entrega de efectos escolares a los estudiantes, entre los que se repartieron bultos, libretas, lápices, gomas de borrar, entre otros.

La Escuela Segundo Ruiz Belvis tiene una matrícula de 250 estudiantes provenientes de los sectores de Tras Talleres, Los Lirios, El Gandul, el Residencial Luis Llorens Torres, Villa Palmeras y el Residencial Nemesio Canales. Éstos se ubican en un programa regular entre los grados de kínder a sexto y un programa de educación especial.

Enlace a certiorari: http://www.justicia.pr.gov/wp-content/uploads/2015/08/petition-FINAL.pdf 

(24 de agosto de 2015) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció hoy la radicación de un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo federal para que se declare constitucionalmente válida la ley que permitiría que las corporaciones públicas de la Isla reestructuren sus deudas mediante un proceso ordenado (Ley 71 de 2014).

Mediante el recurso legal, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reitera la necesidad de que las corporaciones públicas puedan reestructurar sus deudas, al tiempo que garanticen la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

“Como anunciáramos hace unas semanas, estamos acudiendo ante el más alto foro judicial en la esfera federal, para que se le reconozca a Puerto Rico su facultad de legislar en materia de reestructuración fiscal de las corporaciones públicas. En la petición de certiorari lo que decimos es que –dado que en 1984 se excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal–, el campo para poder legislar en esa área nunca fue ocupado por lo que nuestra Ley 71 es válida. Así como hemos dicho anteriormente, no es aceptable que se coloque a Puerto Rico en estado de indefensión en sus asuntos fiscales. Convencidos de ello, defendemos con firmeza nuestro derecho a crear legislación que dicte los procesos ordenados que tanto el gobierno como sus acreedores necesitamos para enfrentar el cúmulo de deuda actual”, expresó el titular del DJ.

“Entendemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe acoger nuestra petición para que se reconozca la facultad de Puerto Rico de legislar una reestructuración fiscal en las corporaciones públicas. Es hora ya de que se despejen las dudas infundadas que se han estado lanzando sobre nuestra capacidad para encaminar nuestros propios asuntos en materia de legislación fiscal. No hay impedimento constitucional alguno para la puesta en vigor de nuestra Ley 71, la cual entendemos constitucional, necesaria y oportuna para atender de manera justa y ordenada nuestras obligaciones”, añadió Miranda.

El litigio tuvo su origen en una demanda incoada en junio de 2014 por bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el tribunal federal de distrito en San Juan, pleito en el que el juez Francisco Besosa declaró en febrero pasado la inconstitucionalidad de la Ley 71 y emitió un interdicto prohibiendo la puesta en vigor del estatuto. Ante ello, el ELA recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, el cual sostuvo la decisión de inconstitucionalidad mediante decisión emitida el 7 de julio del corriente en la que decidió que la sección 903(1) del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras ocupa el campo jurídico, lo que le impide a Puerto Rico aprobar legislación para reestructurar la deuda de sus corporaciones. El Tribunal también interpretó que el Congreso federal se reservó el derecho de enmendar el Capítulo 9 para incluir a Puerto Rico.

En su petición, el ELA arguye que, al excluirse en 1984 a Puerto Rico del Capítulo 9, el Congreso no expresó intención alguna de impedir que Puerto Rico aprobara legislación criolla sobre restructuración de deudas. Otros argumentos contenidos en el recurso son: que no existe conflicto alguno entre la ley federal y la local, que históricamente se ha validado la autoridad que ostentan los estados para legislar en materia de restructuración, que no se sostiene en derecho el limbo jurídico en el que los tribunales federales de inferior jerarquía han colocado a la Isla y que la interpretación del Primer Circuito sobre “campo ocupado” es una afrenta a la autonomía de Puerto Rico para legislar sobre sus asuntos internos en tiempos de crisis.

El Tribunal Supremo federal debe notificar si acoge o no la petición de certiorari, dado que este recurso es de naturaleza discrecional. De acogerlo, el Supremo divulgaría entonces un calendario para que las partes presenten alegatos, se citen vistas, entre otros trámites procesales.

La Procuradora General, Margarita Mercado Echegaray, presentó la solicitud de certiorari el pasado viernes en representación del ELA y recalcó que “es urgente la intervención del máximo foro judicial. El Tribunal debe intervenir para revocar el trato dispar que la interpretación del Primer Circuito pretende darle a Puerto Rico en virtud del cual se excluye arbitrariamente a Puerto Rico de los beneficios del Capítulo 9 y se anula el interés apremiante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de atender una situación de crisis que ha colocado a los puertorriqueños a la merced de sus acreedores sin mecanismo legal que nos auxilie”.

(26 de agosto de 2014) – El director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), el fiscal Alberto Valcárcel, informó sobre el envío al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del resultado de la investigación preliminar realizada por Justicia acerca de posibles actuaciones delictivas por parte de los alcaldes incumbentes de Toa Alta, Cataño y Corozal.

La querella investigada se refería a la participación de los alcaldes en la 13va Copa de Tiro, Policía Municipal de Cataño, celebrada el 16 de mayo de 2015.

Valcárcel precisó que el referido no recomienda que el PFEI asigne un fiscal especial en este caso puesto que no se configura delito alguno por parte de José Rosario Meléndez (Cataño), Clemente Agosto Lugardo (Toa Alta) y Sergio Torres Torres (Corozal).

“Igual que en el caso de la anterior alcaldesa de Guayama, Glorimar Jaime, se evaluaron los elementos del Artículo 5.04 y 5.06 de la Ley de Armas del 2000, en virtud de la doctrina jurisprudencial sobre posesión incidental de un arma de fuego. En este caso, al igual que en el de la exalcaldesa, se determinó que los alcaldes de Toa Alta y Corozal, al utilizar el arma de fuego en una actividad celebrada en el polígono de la Policía en Isla de Cabra, poseyeron el arma de manera incidental como parte de una actividad legítima. En ninguno de los casos los alcaldes transportaron las armas ni tuvieron intención de cometer delitos con ellas. En cuanto al alcalde de Cataño, éste posee una licencia de armas como funcionario público”, explicó Valcárcel.

En la investigación similar contra la entonces alcaldesa de Guayama, Glorimar Jaime, por hechos acaecidos el 20 de mayo de 2010 como parte de la celebración de un torneo de tipo llamado Primera Copa Alcaldesa, se determinó que la funcionaria disparó un arma de fuego como parte del torneo. La investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia concluyó que no se configuró violación a la Ley de Armas por lo que no se recomendó la asignación de un fiscal especial. En aquella ocasión, el PFEI acogió la recomendación de Justicia.

Ahora corresponde que el PFEI evalúe el referido y determine si acoge o no la recomendación del Departamento de Justicia.

(26 de agosto de 2015)  El Departamento de Justicia informa que como parte de la investigación que conduce sobre el altercado en el que un ciudadano resultara herido en La Marina Puerto del Rey el pasado 9 de agosto, las víctimas del lamentable suceso solicitan que se envíen sus siguientes expresiones a la prensa:

“Sobre la agresión de la que fuimos objeto, queremos aclarar que dicha investigación se ha conducido de manera diligente por parte de las autoridades. Tal y como ha trascendido, como víctimas de este doloroso evento hemos solicitado espacio a las autoridades para enfrentar el proceso en espera de evaluaciones médicas que en su momento serán determinantes para el procesamiento criminal.

Ni nosotros como víctimas, ni las autoridades, tenemos culpa por la dilación transcurrida. La única culpa aquí es de los agresores por lo grave y destemplado de su agresión contra nuestra familia.

Confiamos plenamente en la investigación que se está realizando. No tenemos duda de que los responsables tendrán que enfrentar la justicia. Sin importar dinero alguno, la justicia los espera.

Agradecemos los buenos deseos que el pueblo de Puerto Rico ha manifestado hacia nuestra familia y agradecemos a la prensa por el seguimiento intensivo que ha dado a nuestro caso. En su día cuando dé inicio el proceso público, habremos de hacer expresiones adicionales. Por el momento, pedimos que se permita que la investigación fluya.

Finalmente, agradecemos inmensamente el respeto y la sensibilidad mostrada hacia nuestro dolor y nuestra privacidad”, fueron las expresiones vertidas por el señor y la señora Guzmán, víctimas de los hechos bajo investigación.

(25 de septiembre de 2015) Los titulares de los departamentos de Justicia y Familia, César Miranda e Idalia Colón, respectivamente, se expresaron consternados ante la histórica radicación de tres cargos por el delito de trata humana esta mañana por parte de la Fiscalía de Caguas y lo destacaron como un asunto de derechos humanos que involucra a la niñez puertorriqueña y al compromiso social de todos los sectores en atesorarla y protegerla.

Miranda explicó que lo ocurrido en la Barriada Roosevelt del municipio de San Lorenzo entre el año 2013 y 2015 “nos coloca en alerta pues el tema de la trata humana no es muy conocido a nivel general pero ocurre a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta. Es un tipo de delito muy reprobable y doloroso por demás cuando golpea a nuestros niños y los marca para toda la vida. Por eso hace tiempo que en el Departamento de Justicia estamos tratando este tema, incluyendo instancias internacionales y pronto habremos de anunciar más esfuerzos que tenemos en progreso”.

 En la mañana de hoy se radicó el primer caso de trata humana en la Isla en el que se encontró causa para arresto contra Kenneth Martínez Báez y Tania Figueroa Pagán por llevar a cabo un patrón de abuso sexual contra una menor de once años a cambio de dinero y otros beneficios. Según la investigación, Tania Figueroa Pagán -quien es madre de la menor- permitió que el padrastro de la niña y padre biológico de sus otros tres menores, Kenneth Martínez Báez, de 30 años de edad, violara a la niña desde que ésta tenía nueve años.

Asimismo, la mujer de 30 años y su pareja autorizaron a otro sujeto, Jesús M. Pereira Camacho, a sostener relaciones sexuales con la menor a cambio de dinero, regalos y alimentos. El taxista, también de 30 años de edad  y conocido de los padres, cometía los hechos en un lugar solitario o en la residencia de la menor.

Por su parte, Colón Rondón expresó su más enérgico repudio a esta conducta. “Es más doloroso cuando se trata de los hijos de quienes están llamados a protegerlos y amarlos. La trata humana es una conducta que hasta hoy no tenía exposición pública en Puerto Rico, pero lamentablemente existe en nuestro país. Debemos aunar esfuerzos para combatirla, para que no se convierta en un mal social adicional que atente contra nuestra niñez. El Departamento de la Familia ya colabora con organizaciones del tercer sector para concientizar sobre el tema y sus consecuencias. Además, se están ofreciendo adiestramiento a los Trabajadores Sociales, menores custodios y hogares de crianza como parte de los esfuerzos de concienciar sobre el tema”, recalcó la titular de Familia.

En marzo de este año el tema de la trata humana en Puerto Rico trascendió a nivel internacional cuando el Secretario de Justicia presentó su ponencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia en Washington DC en la que discutió varias iniciativas adoptadas recientemente para atajar la situación de la trata humana en la isla. Allí mencionó la aprobación de la Ley Núm. 225-2014, que tipificó la trata humana como una de las formas de maltrato de menores y la Ley para la Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata Humana (Ley Núm. 8-2015), que persigue ayudar a estas víctimas a regular su estatus migratorio y viabilizar que participen del Programa de Compensación a Víctimas y Ayuda a Testigos del Departamento de Justicia.

En la comparecencia ante la Comisión el Secretario destacó los esfuerzos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) para prevenir la trata humana y el tráfico sexual de menores a través de un plan que incluye la identificación de víctimas en la población de menores evadidos de su lugar de colocación y los adiestramientos y orientaciones al personal investigador.

El pasado 4 de septiembre el Secretario de Justicia, el Secretario de Educación y el Subsecretario de Estado, sostuvieron una reunión de seguimiento con Tracy Robinson y Rosa Celorio, comisionada y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, tras su visita para el XV Congreso de la Comisión de Derechos Humanos de Puerto Rico.

Trío es ingresado en prisión

El juez Luis Rivera del Tribunal de Caguas encontró causa contra el padrastro  por proxenetismo agravado, lo que conlleva una pena de 8 años. También enfrenta cargos por trata humana, incesto, agresión sexual y maltrato de menores, lo que podría ser una pena global de hasta 140 años.

Asimismo, la madre de la menor, Tania Figueroa Pagán, enfrenta cargos por trata humana, proxenetismo agravado y maltrato de menores, para una posible pena de hasta 40 años de reclusión.

Finalmente, a Jesús Manuel Pereira Camacho se le imputaron cargos en ausencia por trata humana, proxenetismo agravado, agresión sexual, secuestro y maltrato de menores, y se ordenó su arresto. El imputado podría enfrentar una pena de hasta 132 años de cárcel.

El magistrado impuso una fianza global ascendente a $60 millones, los cuales no fueron prestados, por lo que se ordenó el ingreso de ambos a prisión.

Por su parte, el Jefe de los Fiscales, José Capó, manifestó que “este es un caso abominable en donde los propios padres de la menor la exponían a ser abusada sexualmente. Desde el día uno la Fiscalía trabajó junto a la Policía de Puerto Rico para levantar la evidencia necesaria que nos permitiera poder radicar el primer caso de trata humana en el País. Estoy plenamente confiado en que el Ministerio Público ha levantado suficiente prueba robusta para lograr una convicción en este caso”.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco J. González Muñiz y la agente Migdalia Dávila Colón de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de octubre.

(29 de septiembre de 2015) Contra Omar Emanuel Falcón Torres, mejor conocido por su pseudónimo de MedeaBot en la red social Twitter, pesa una orden de arresto luego de que hoy un juez  hallara causa en su contra por llevar a cabo un patrón de acoso cibernético contra múltiples personas.

En lo que representa la primera radicación de este tipo en la Isla, contra Falcón Torres, de 27 años de edad, se presentaron en ausencia 58 denuncias por intrusión a la tranquilidad, amenaza, acecho, apropiación ilegal de identidad, alteración y uso de datos personales e intimidación a testigos desde el 2013 al presente.

El 23 de junio la UICC llevó a cabo el primer allanamiento digital en la Isla contra una señal inalámbrica, la cual era utilizada por el joven residente de Comerío.

Según se desprende de la investigación realizada, Falcón Torres –a quien no se le conoce oficio- llevaba a cabo un patrón masivo de acoso cibernético y apropiación ilegal de identidad, el cual pudo corroborarse tras la cooperación de la empresa Twitter, la cual dio acceso a unas 300 cuentas creadas por éste. La mayoría de las cuentas intervenidas fueron clausuradas por la red social.

“Nadie puede esconderse detrás de una computadora para acechar a otras personas. Los infractores serán traídos a la justicia. La Internet es un espacio real y vital para el progreso de la humanidad. La sana convivencia, el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos de todos y todas es igualmente aplicable en el ciberespacio”, enunció el director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia, Rafael Sosa Arvelo.

A pesar de que se cree que son decenas las personas que pudieran haber sido afectadas por el patrón de acoso, unas ocho personas se querellaron del comportamiento del imputado, el que consistía en valerse de amenazas, lenguaje violento e imágenes sexuales para intimidar a sus víctimas.

El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne del Tribunal de San Juan encontró causa probable para arresto en los 58 cargos imputados (12 graves y 46 menos graves) y le impuso una fianza global de $180,000.

Éste se expone a cumplir una pena de ocho años por los delitos de apropiación ilegal de identidad e intimidación a testigos, tres años por los delitos de alteración, uso y publicación de datos personales, tres años por acecho y seis meses en los delitos menos graves de ser hallado culpable.

El fiscal Luis Freyre, quien es el fiscal enlace de la UICC en la fiscalía de San Juan, tuvo a cargo la presentación de los cargos en el tribunal. Éste, junto al director de la UICC, Rafael Sosa Arvelo, el fiscal Eugenio Martínez, también asignado a la UICC, y el agente Ángel Colón de la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), llevaron a cabo la investigación.

La vista preliminar será pautada una vez el sujeto sea arrestado.

(30 de septiembre de 2015) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció hoy la disponibilidad de $21.7 millones en fondos federales para Puerto Rico, a emplearse en servicios directos a las víctimas de delito.

Los fondos provienen de la ley federal Victims of Crime Act (VOCA, por sus siglas en inglés), que administra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual otorgó la millonaria cuantía al  Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ).

A través de VOCA, en los últimos cinco años el DJ ha inyectado fondos a 287 organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas en la Isla y que brindan servicio a víctimas de violencia doméstica, maltrato a menores, abuso sexual, maltrato a envejecientes, víctimas de robo o asalto agravado, tentativa de asesinato y víctimas de conductores ebrios, entre otros.

Es la primera vez que el Departamento de Justicia recibe un aumento de 400 por ciento en estos fondos, lo que representa la mayor asignación de fondos federales de este programa a la Isla. La noticia fue anunciada durante conferencia de prensa en la sede del DJ en Miramar, en la que Miranda estuvo acompañado por representantes de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo y del Centro Sor Isolina Ferré. La titular de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, así como funcionarios de los departamentos de Familia y Salud, también asistieron al anuncio.

“Para nosotros en el Departamento de Justicia esta asignación es un voto de confianza para el Departamento y es un voto de confianza para todas estas organizaciones, pues el dinero está llegando a donde tiene que llegar. Hemos hecho un esfuerzo enorme por no devolver fondos a las agencias federales, por lograr que todas las entidades cualificadas utilicen estos recursos a plenitud, brindando servicios a las personas necesitadas. Hacemos un llamado a todas las entidades a que presenten sus propuestas a partir del próximo lunes 5 de octubre”, expresó el Secretario de Justicia, César Miranda. Interesados en conocer los requisitos para solicitar fondos VOCA podrán acceder a justicia.pr.gov o llamar al 787-721-2900 a la División de Recursos Externos. Las propuestas podrán ser presentadas a partir del 5 de octubre del corriente y tendrán hasta el 4 de diciembre como fecha límite de presentación.

Estadísticas de 2009 al 2014 reflejan que las poblaciones de víctimas de delito que más han sido impactadas por servicios subvencionados por VOCA son: víctimas de violencia doméstica (44,729 víctimas), menores maltratados (4,040 víctimas), envejecientes víctimas de abuso (2,741)  y niños abusados sexualmente (2,305 víctimas).

La asignación actual de $21.7 se considera histórica ya que, comparativamente, es una cuantía muy por encima de la suma total de las asignaciones correspondientes a los pasados 4 años que asciende a $20,417,124.

Recientemente el DJ recibió el resultado de una auditoría de fondos federales, correspondiente a los años fiscales 2008-2012 realizada por el Departamento de Justicia Federal. Esta incluyó señalamientos referentes a la utilización de unos $6 millones, provenientes de una cifra auditada de $77. Inmediatamente, el DJ sometió en agosto pasado un plan correctivo que contempla subsanar la totalidad de los señalamientos. Actualmente, el Departamento de Justicia de Puerto Rico continúa canalizando fondos federales de todas las partidas asignadas por el gobierno federal y ningún servicio a la ciudadanía se ha visto afectado.

Importante proceso de sanar

Para José Luis Díaz Cotto, director ejecutivo del Centro Sor Isolina Ferré de Caimito, el proceso de sanar es fundamental para las víctimas. “El crimen  deja  huellas muy  profundas en nuestra gente. Lo vemos todos los días en nuestros centros. En la mujer que se queda sola con sus hijos sin saber qué hacer porque su compañero fue asesinado o encarcelado. En el joven que abandona la escuela porque viene de una familia disfuncional, marcada por la violencia. Es necesario proveerles a las víctimas de delitos el recurso de un trabajador social y la ayuda sicológica para canalizar sus temores. Entendemos que estos fondos representan una oportunidad para ayudar a todas estas personas a alcanzar la plenitud”.

Por su parte, el padre José Brenes, director de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, la gestión que realiza su organización abona a crear resiliencia, medular para detener el ciclo de la violencia. “Cada joven que se educa es una generación que se salva. Y eso es lo que intentamos en la Casa, educarlos bien para que no se repita la historia y tengan la vida normal que todos nos merecemos”.

Asimismo, Lymaris Vázquez, directora ejecutiva de Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, abordó la relación entre deserción escolar y conductas delictivas. “La experiencia nos ha demostrado que bajo los perfiles de jóvenes que interrumpen tempranamente los estudios y tienen contacto con el sistema judicial, hay una historia de victimización, de maltrato y violencia. Todos somos responsables por los jóvenes de nuestro país. De los jóvenes a los que servimos, 95% de ellos se gradúa de 4to año,  el 70% de ellos ingresa a estudios post secundarios y el resto ingresa al mundo del trabajo. Esta es la oportunidad que ofrece estos fondos, romper con ciclos de riesgos peligrosos y crear nuevos ciclos de plenitud, paz y amor”.

La Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, dio a conocer que “son los fondos VOCA los que permiten que la Línea de Orientación de OPM continúe siendo la voz de las víctimas”.

Vázquez Garced ofreció estadísticas sobre los servicios que su oficina ha brindado al presente entre los que se incluye: 6,027 personas que llamaron a una Línea 24/7 y visitaron físicamente la agencia, a quienes se les coordinó alrededor de 22,871 servicios tales como orientaciones sobre los derechos de las víctimas, alojamiento en albergues, orientaciones psicosociales, intervenciones en crisis, intercesoras legales y otros referidos legales.

Preguntas frecuentes 

Programas VOCA activos en Puerto Rico 2009-2014

Fondos VOCA en Puerto Rico

Número de víctimas asistidas

(23 de octubre de 2015) – El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, junto a la periodista y escritora Mayra Montero y el exsecretario de Educación, César Rey, compartieron perspectivas sobre los derechos humanos en Puerto Rico, la libertad de prensa y la trata humana –entre otros temas– como parte de la celebración de Vigesimosexta Conferencia Anual del Ministerio Público, Abogados y Registradores de la Propiedad.

A través de la Conferencia Anual, que se llevó a cabo en el Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, 600 abogados y registradores de la propiedad tomaron cursos de capacitación jurídica sobre: violencia de género y violación de derechos humanos, registros y allanamientos irrazonables, derecho a la salud en Puerto Rico, perspectiva de género como asunto de derechos humanos, litigación en el procesamiento de conductores ebrios, entre otros.

El objetivo principal del evento es dotar a los funcionarios del DJ con las herramientas necesarias para que puedan realizar mejores investigaciones, mediante la adquisición de técnicas vanguardistas. Este año el tema de los derechos humanos, explicó el titular del DJ, “ha sido nuestra bandera y por ello enfocamos la conferencia en la protección y promoción de estos derechos, que son los más básicos y los más que nos acercan a la grandeza del ser humano: la dignidad, la integridad y la equidad”.

A tenor con la radicación histórica el pasado 25 de septiembre del delito de trata humana en la Isla, el doctor César Rey apuntó que “la trata humana es una de las formas más perversas de la explotación en Puerto Rico. Se disfraza de múltiples maneras y se invisibiliza para la mayoría de la sociedad”.

“Es un problema de derechos humanos y así se evidencia en las investigaciones que conjuntamente la Universidad de Puerto Rico y la Fundación Ricky Martin han llevado por los pasados 8 años. Combatirla supone educarnos como país para ser proactivos ante este mal que nos aqueja como sociedad”, añadió.

Por su parte, la escritora Mayra Montero abordó el tema de derechos humanos desde los desafíos de la prensa en tiempos de corrupción y el acceso a la información.

La directora del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico de la agencia, María Aymat Negrón, explicó que la actividad sirve también como reconocimiento a aquellos abogados, fiscales, registradores de la propiedad y procuradores de menores y familia que se han destacado por sus ejecutorias durante el año.

“Reiteramos la posición del Departamento de Justicia ante la determinación errada en derecho y por lo tanto improcedente que emitiera un panel del Tribunal de Apelaciones en la que concede un nuevo juicio al convicto por asesinato Pablo Casellas Toro. Dicha sentencia no es final y firme, tampoco es vinculante a otros casos. Precisamente, nos encontramos en proceso de solicitar reconsideración de la misma, en aras de darle oportunidad al propio panel de jueces a que corrijan la decisión.

A tono con esto, en el día de hoy el Ministerio Publico se opuso a una moción en la que se solicitó un nuevo juicio para el ahora convicto Sánchez Asencio por el caso de la masacre de Guaynabo, en la que se le halló culpable de todos los 19  delitos imputados, 18 de ellos mediante veredicto de unanimidad y uno de ellos mediante votación del jurado 11-1 (Ley de Armas). La moción solicitaba un nuevo juicio por éste último delito al no contar con un veredicto de culpabilidad por unanimidad.

Con dicha moción –la cual fue declarada no ha lugar por la honorable juez Vivian Durieux Rodríguez-, comenzamos a ver las consecuencias de la decisión en el caso Casellas Toro y los riesgos que acarrea el que se pretenda imponer el requisito de veredicto de culpabilidad por unanimidad, aspecto que en reiteradas ocasiones hemos señalado como contrario a lo dispuesto en nuestra Constitución, en la que sólo se requiere mayoría, no unanimidad. Es por esto que, tanto en este como en todos los casos que se basen en la citada decisión, el Ministerio Público siempre presentará la más absoluta oposición a planteamientos como este”, explicó Miranda.

(3 de diciembre de 2015) – La investigación que ha dado lugar a las acusaciones por delitos de corrupción gubernamental por parte de la fiscalía federal en el día de hoy, tuvo su origen en la investigación federal contra el contable Lutgardo Acevedo López por soborno al juez –hoy convicto– Manuel Acevedo Hernández. A raíz de esta investigación federal, el Departamento de Justicia ha tomado acciones tales como las nuevas radicaciones de cargos criminales contra Acevedo López por homicidio negligente como parte del accidente en el que se le causó la muerte al señor Félix Babilonia en junio de 2012. Asimismo, ayer el Departamento de Justicia le entregó la carta de destitución al fiscal Edwin López Pérez, por su participación ilegal y antiética durante la investigación del caso.

Los actos de corrupción son intolerables y es sumamente frustrante ver que los mismos continúan aconteciendo en nuestro país. El Departamento de Justicia, a través de su División de Integridad Pública, continuará investigando todo tipo de conducta con asomo de corrupción pública. Continuaremos la colaboración con las agencias federales en este proyecto, mediante los memorandos de entendimiento que hemos suscrito y que nos dan la alternativa de laborar conjuntamente en casos de esta naturaleza. La responsabilidad mayor, sin embargo, recae en nosotros mismos, en esta administración presente, como en toda administración que haya dirigido los destinos de Puerto Rico. El llamado es a no desfallecer, a redoblar la moral y el esfuerzo colectivos en lograr el total saneamiento de nuestras instituciones.

El Departamento de Justicia (DJ) catalogó como excesiva y discriminatoria la cantidad de endosos que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le ha requerido al candidato independiente, el doctor José Vargas Vidot, en su aspiración al Senado de Puerto Rico.

En una extensa interpretación del Artículo 8.012 de la Ley Electoral, el Departamento de Justicia sostuvo hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que el número máximo de endosos a requerirse para candidatos independientes no debe ser mayor de 3,000, cual dispuesto en el Artículo 8.012 (1)(a) e la propia Ley Electoral.

“En términos del número de endosos a requerirse, la ley es clara: en ningún caso puede exceder de 3,000. Esta ley no dispone un número mayor de endosos para los candidatos independientes. Cualquier interpretación donde se requiera una cantidad, en este caso tan exagerada como el que se requiere al doctor Vargas Vidot, sería discriminatoria”, sostuvo César Miranda, titular del Departamento de Justicia.

El DJ sostuvo que la enmienda aprobada por el Senado en el día de ayer tiene el efecto de aclarar exactamente el alcance de la cantidad de endosos que debe ser requerido a un candidato independiente. “La enmienda aprobada ayer logra aclarar dicho alcance al dejar establecida la diferencia de lo que son endosos para participar de primarias dentro de partidos y el requisito de endosos para candidatos independientes que no van a primarias”, añadió el secretario de Justicia en referencia al Proyecto del Senado 1545.

 Las expresiones aclaratorias surgen con motivo de la vista que se lleva a cabo hoy viernes ante la jueza Aileen Navas en la sala 907 del Tribunal de San Juan, en la que Vargas Vidot impugna la validez constitucional del Artículo 8.012 de la Ley Electoral.