(9 de marzo de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, aclaró hoy que los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo continúan siendo válidos, pese a una orden emitida ayer por el juez federal Juan Pérez Giménez en la que se establece la invalidez de estas uniones en la Isla.

“La orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en PR entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones. La interpretación del DJ es que la decisión no altera el estado de derecho que se estableció en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo Federal decidió el caso de Obergefell v. Hodges en el que se reconoció, como asunto de derecho constitucional federal, que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental y que por lo tanto, no se le puede negar ese derecho constitucional a las parejas del mismo sexo”, explicó Miranda.

La decisión del Tribunal de Distrito en torno al caso Conde v. ELA tampoco altera el mandato emitido por el Primer Circuito en este caso toda vez que el 8 de julio de 2015, el Primer Circuito determinó que está de acuerdo en que el Artículo 68 del Código Civil es inconstitucional y por ello, devolvió el caso para que la Corte de Distrito dictase sentencia final.

“El distrito actuó sin autoridad al negarse a dictar sentencia final conforme a la decisión del primer circuito. Por tanto, este dictamen no le impide al Ejecutivo mantener su posición de que el Artículo 68 del Código Civil es inconstitucional y que no se habrá de aplicar el mismo en Puerto Rico. En cuanto al litigio, estamos evaluando el curso a seguir pero la directriz es que el Departamento de Salud puede continuar emitiendo las licencias de matrimonio”, detalló.

En lo específico, la orden del magistrado federal denegó una moción conjunta de las partes en el caso para que dictara sentencia. Por tanto, en el documento no se ordena al Ejecutivo a tomar acción alguna en relación a estos matrimonios ni lo ordenó a poner en vigor el Artículo 68 del Código Civil.  “Simplemente, la orden tiene el efecto de mantener el caso activo al declinar dictar sentencia final conforme las partes habían solicitado en cumplimiento con el mandato del Primer Circuito”, finalizó.

El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el matrimonio es un derecho fundamental para todos los ciudadanos por igual. En ocasión de la histórica decisión, Miranda expresó que la misma constituía  “un reconocimiento elemental de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley”.

(31 de marzo de 2016) El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció hoy la puesta en vigor en todo Puerto Rico del nuevo Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico, creado por la Ley 210-2015, que ofrece todos los servicios por la vía telemática,  24 horas los siete (7) días a través de Internet y desde cualquier lugar del mundo.

El programa Karibe, nombre de la nueva aplicación registral que sirve de plataforma para la operación del nuevo Registro Inmobiliario Digital,  conllevó la automatización, digitalización e integración de más de cien años de historia registral puertorriqueña para alcanzar la transformación de un sistema registral arcaico y complicado, en uno fácil de operar, 100% electrónico y a la altura de los mejores del mundo.

“Estamos en el siglo XXI, era en la que impera la tecnología y en la que la información es virtual. Con la implantación de Karibe y la adopción de las Leyes 209 y 210 de diciembre del 2015, se logró la modernización total del Registro de la Propiedad. Lo que fue el sueño de muchos de notarios, banqueros, estudiadores de títulos, técnicos y registradores de la propiedad,  hoy es una realidad. Puerto Rico tiene hoy un registro que ofrece, en tiempo real, un nivel de certeza para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles que pocos nos atrevíamos a pensar que era posible hace apenas dos años. Es un logro de País”, explicó Miranda.

El Registro de la Propiedad se fundó en el 1893 mediante la Ley Hipotecaria para las provincias de ultramar. Hasta la década de los 70 y con algunos cambios desde entonces, el registro puertorriqueño fue deteriorándose hasta convertirse en los que algunos llegaron a denominar como “la cenicienta” del gobierno. Con sistemas manuales y leyes de siglos pasados, no fue hasta principios de la década del 200º que se comenzó a utilizar una plataforma computadorizada conocida como Ágora, que en unos pocos años se tornó obsoleta. La Isla nunca tuvo acceso a los códigos fuentes para actualizar o atemperar la aplicación a sus necesidades particulares y sucumbió al paso del tiempo.

En lo práctico, el Registro –dados sus modos arcaicos de procesar la información- propició enormes atrasos la lograr la calificación e inscripción de los documentos presentados. Esos atrasos, que aún hoy rondan los 350,000 documentos, obligaron a la compra de seguros que encarecieron los trámites registrales, quitaron certeza y confianza en el registro y se convirtieron en obstáculos a las transacciones de bienes económicas.

El nuevo Registro Digital es la única agencia conectada en tiempo real con el Registro Único de Abogados, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y el Departamento de Hacienda. Provee acceso telemático además a varias agencias gubernamentales como el Fondo del Seguro del Estado, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Inspector de Notaría, la Oficina de Ética Gubernamental, la División de Integridad Pública del DJ, la Oficina de la Contralora, entre otras, para llevar a cabo investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero, evasión contributiva, presentar embargos, estudiar fincas y otros asuntos propios de esa agencias. Esos trabajos hasta hace apenas dos meses, implicaban desplazar personal por 29 secciones sin comunicación entre ellas para tratar de obtener información muchas veces inaccesible o difícil de localizar porque debía realizarse manualmente, consultando libros llenos de hongo o con folios en mal estado o teniendo que esperar largas horas para presentar un documento.

La modernización del Registro implica que han sido digitalizados más de 11 millones de folios y 42,313 tomos. Esto comprendió la captura, almacenamiento y luego el acceso en línea de más de 24 millones de imágenes de las inscripciones y constancias que existían en los libros de inscripción y libros auxiliares de sentencias, embargos estatales y federales creados a fines del siglo 19 y principios del 20.

La modernización del Registro conllevó una inversión de $6.9 millones que incluyó la digitalización, el desarrollo de una nueva aplicación, el establecimiento de la más ancha red de comunicación óptica de todo el gobierno, la adquisición de la más moderna infraestructura y tecnología del mercado, todo en menos de dos años de trabajo intenso y riguroso. De la suma mencionada, solamente fue necesaria una asignación especial con cargo al Fondo General de cuatro millones de dólares. La diferencia, provino de dineros del Fondo Especial para la Modernización y Mecanización del Registro que por años se venían utilizando para gastos no relacionados con el fin para el que fue creado. El gasto ha sido incluso menos que lo anticipado porque todos los equipos de digitalización fueron donados y se negociaron y obtuvieron descuentos y ahorros significativos en todas las etapas del proceso. La digitalización estuvo a cargo de INDRA y la aplicación a cargo de INVID, una compañía puertorriqueña que ha trabajado la nueva plataforma registral en estrecha coordinación con personal del Registro.

El informe sobre transacciones realizadas desde que se comenzó a utilizar Karibe, revela que hasta el 31 de marzo se han generado ingresos por más de $7.4 millones. De los cuales $22,120.50 han sido destinados al fondo de mecanización. Al día de hoy, más de 400 empleados del Registro realizan todos los trabajos de forma electrónica y se han registrado 2,035 usuarios externos de los cuales 1,305 son Notarios y 730 personas interesadas como estudiadores de título, tasadores, abogados, empleados gubernamentales, presentantes o ciudadanos. Hasta el día de hoy, se han presentado en Karibe, 20,489 documentos  notariales, judiciales o administrativos.

Miranda anunció que “Karibe se convirtió en la primera y única aplicación computadorizada que cuenta con derechos de autor a favor del gobierno tras su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, lo cual protege su uso y abre posibilidades de mercadeo de la innovadora plataforma digital. Como parte del proceso de registro de los derechos de autor, quedaron inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual su logo, manuales y código fuente, entre otros. Los intereses y derechos del pueblo de Puerto Rico están protegidos como nunca”.

“Sacar de la ‘edad de piedra’ al Registro Inmobiliario ha sido una labor titánica lograda en tiempo record. Karibe funciona y por ello quiero agradecer el empeño de la Secretaria Asociada, Mayra Huergo, la directora del Registro, Delia Castillo de Colorado, las registradoras Marisol Marchand Castro,  Gloria Oppenheimer, Carmen Ávila, un grupo de técnicos que ha hecho una labor extraordinaria compuesto por Jessica Ocaña, Betzaida Rivera, Ramón E. Gracia Cortijo,  Ivonne Ramos Correa, Cándida Rodríguez, el equipo de Informática del Departamento dirigido por Luz Divina García Arroyo y Lex Santos, el Colegio de Notarios, así como representantes de la banca, estudiadores de títulos y jefes de las agencias que unieron esfuerzos para alcanzar este logro. El mejor modo de describir lo que se ha hecho, es viéndolo”, terminó diciendo Miranda antes de pasar a hacer una demostración en vivo del funcionamiento de la aplicación.

(31 de marzo de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció que el Estado Libre Asociado se unió hoy a la petición de mandamus que hiciera la parte demandante en el caso Conde-Vidal v. ELA ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito federal, para que se ordene a la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico poner fin al pleito y emitir una determinación final que reconozca los matrimonios igualitarios en la Isla.

Pese a que el 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el matrimonio es un derecho fundamental para todos los ciudadanos por igual, el pasado 8 de marzo el juez federal Juan Pérez Giménez despachó el caso Conde-Vidal v. ELA con una opinión que rechazaba la aplicación de este derecho fundamental a la jurisdicción de Puerto Rico. De inmediato, el secretario de Justicia, César Miranda, aclaró al país que independientemente de dicha opinión, el matrimonio igualitario continuaría siendo válido en el País dado a que un tribunal de mayor jerarquía –en este caso el Supremo de los Estados Unidos– había decretado su validez.

“Nos estamos uniendo a esta petición de mandamus porque es nuestro deber ético y moral el cumplir con un sector de la población que nunca antes había visto respetado y validado su derecho a unirse en matrimonio, independientemente de su preferencia sexual. Este derecho ya fue validado como un derecho fundamental para todos y todas por parte del Tribunal Supremo Federal. Por lo tanto, nuestra solicitud, junto a los demandantes, es que se dicte una sentencia para que se cumpla con este mandato y para que termine con ello cualquier especulación o discrimen que pueda estar afectando a las parejas que han contraído matrimonio en la Isla y a aquellas que estén planificando casarse”, explicó Miranda.

La posición del Gobierno de Puerto Rico es que el Tribunal de Distrito –a través de la decisión de Pérez Giménez– actuó sin autoridad al negarse a dictar sentencia final conforme a la decisión del Primer Circuito que sostiene que el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico es inconstitucional.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito federal resolvió hoy la petición de mandamus que hiciera la parte demandante en el caso Conde-Vidal v. ELA que estaba ante su considereación y ordenó a  la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico a ponerle fin al pleito y emitir una determinación final que reconozca los matrimonios igualitarios en la Isla.

Lea la decisión aquí:

Opinión Ada Conde v ELA.

(9 de junio 2016) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció hoy, junto a Margarita Mercado Echegaray, Procuradora General, que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión por voz de la Jueza Elena Kagan, con votación 6 a 2, en la que confirmó la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, sobre doble exposición.

Según explicó el Secretario de Justicia, la decisión del Supremo federal significa que en el ámbito limitado de doble exposición, Puerto Rico no tiene autoridad para procesar por delito luego de que la fiscalía federal ha procesado al individuo por los mismos hechos delictivos.

“La decisión de la Corte Suprema tiene un impacto limitado en el procesamiento criminal, puesto que sólo impide un procesamiento sucesivo cuando el delito local y el federal contengan los mismos elementos; cuando se trate del mismo delito.  Cuando el delito local y el federal sean distintos, no hay impedimento para el procesamiento criminal en ambas jurisdicciones”.

Destacó el titular del Departamento de Justicia que la decisión opera de igual modo para limitar la autoridad de la fiscalía federal de procesar a un transgresor de ley luego de que el individuo ha estado expuesto a procesamiento en los tribunales locales. Es decir, el procesamiento criminal en los tribunales locales, impedirá que las autoridades federales procesen a un sospechoso de cometer un delito federal por los mismos hechos.

“La decisión emitida en este caso, sin embargo, tiene otras implicaciones. Toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, el perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con los Estados Unidos”, precisó Miranda.

Aunque lamentó la decisión del Tribunal Supremo federal, el Secretario de Justicia se expresó complacido con el trabajo de los licenciados Christopher Landau y Jason Wilcox, “quienes, junto a nuestra procuradora Margarita Mercado y otros juristas puertorriqueños, trabajaron en este caso con profesionalismo y compromiso con Puerto Rico”.

“Respetamos la decisión de la Corte Suprema federal. Reiteramos el compromiso del Departamento de Justicia de defender y ejercer la autoridad del ELA para procesar a aquellos que atentan contra la seguridad y el bienestar de todos y todas las puertorriqueñas”, sentenció Miranda.

El 20 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que en Puerto Rico no aplica la doctrina de la soberanía dual y que por lo tanto, Puerto Rico no puede procesar criminalmente a los transgresores de ley, si la persona violó a la misma vez una ley federal y fue procesado en el foro de esa otra jurisdicción.

El primero de octubre de 2015, la Corte Suprema federal acogió la petición de certiorari del Estado en la que el Departamento de Justicia solicitó que se revoque la decisión del Tribunal Supremo local y que se determine que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un soberano independiente al gobierno federal para efectos de la protección constitucional de doble exposición.

La Corte Suprema celebró una vista oral el 13 de enero de 2016.  Luego de ello, el caso quedó sometido para adjudicación final.

(13 de junio de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, junto a Margarita Mercado Echegaray, Procuradora General, se manifestó en desacuerdo con la determinación y proceso evaluativo emitido en la decisión hoy por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la que, en votación de 5-2 (con el octavo miembro de la Curia inhibido), determinó que la Ley federal de quiebras ocupa el campo jurídico e impide el que Puerto Rico adopte sus propias leyes para lidiar con la reestructuración de las corporaciones públicas, al tiempo que garantiza la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

“Presentamos este caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque estábamos y estamos absolutamente convencidos de que es jurídicamente imposible el que se dejara a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda. No hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de los Estados Unidos. Es inexplicable el que se acepte como correcta la exclusión en el 1984 de la protección del Código Federal de Quiebras sin que medie en el récord legislativo la más mínima expresión de por qué se hizo. Por lo tanto, esta decisión nos sorprende. A base de la argumentación en la vista del tribunal Supremo federal entendimos que la decisión se inclinaría a nuestro favor”, explicó Miranda.

“Defendimos la constitucionalidad de la Ley de Quiebra Criolla porque sin duda es un instrumento de reestructuración indispensable para Puerto Rico, particularmente ante la situación fiscal que padecemos. Estamos convencidos de que el ELA ejerció válidamente su autoridad de legislar en una materia que le era indispensable para atender en parte la crisis fiscal”, añadió.

“Lamentablemente, el máximo foro de los Estados Unidos determinó que a pesar de que las corporaciones públicas de Puerto Rico y sus municipalidades, no se pueden beneficiar de los mecanismos de restructuración de deudas del Capítulo 9, dicha legislación federal ocupa el campo e impide que Puerto Rico legisle para autorizar a sus corporaciones públicas a utilizar mecanismos legales y judiciales de restructuración de deuda.  Respetamos la decisión de la Corte Suprema federal y reiteramos el compromiso del ELA de seguir agotando todos los medios disponibles para restablecer la salud fiscal de las corporaciones públicas en beneficio de todos y todas las puertorriqueñas”, acotó el Secretario.

De paso, se expresó sumamente complacidos con el trabajo de los licenciados Christopher Landau y Claire Murray, quienes litigaron este caso “con entrega y el mayor de los compromisos con Puerto Rico”.

El 7 de julio de 2015, el Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito decretó la inconstitucionalidad de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, mejor conocida como la “Quiebra Criolla”, en el caso Franklin California Tax Free Trust, et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et al, Nos. 15-1218; 15-1221; 15-1271; 15-1272.

El 4 de diciembre de 2015, la Corte Suprema federal acogió la petición de certiorari del ELA en la que el Departamento de Justicia solicitó que se deje sin efecto el trato dispar que la interpretación del Primer Circuito pretende darle a Puerto Rico en virtud del cual se excluye arbitrariamente a Puerto Rico de los beneficios del Capítulo 9 del Código de Quiebras y se anula el interés apremiante del ELA de atender una situación de crisis que ha colocado a los puertorriqueños a la merced de sus acreedores sin mecanismo legal de reestructuración que los auxilie.

La Corte Suprema celebró una vista oral el 22 de marzo de 2016.  Luego de ello, el caso quedó sometido para adjudicación final.

(14 de junio de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, extendió en la mañana de hoy su pésame a las familias de los 23 puertorriqueños asesinados en medio de un ataque a tiros en una discoteca gay en Orlando, Florida, e hizo un llamado a todos los sectores sociales a la erradicación de los prejuicios por razón de raza y género.

“Hoy despertamos con la dolorosa noticia de que se han contabilizado 23 puertorriqueños víctimas del ataque sin precedente que se perpetró este sábado en la discoteca Pulse, ubicada en Orlando, Florida. Ante dicha pérdida, vengo obligado a reflexionar sobre todas las problemáticas sociales que convergen para facilitar esta matanza: la intolerancia en cuanto a preferencias de género, el discrimen contra los latinoamericanos en los Estados Unidos y el amplio acceso a las armas en ese país. Por eso hay que reafirmar nuestro compromiso con estos tres frentes en Puerto Rico y unirnos con nuestra diáspora y al pueblo estadounidense para continuar dando pasos de avance en la dirección de la equidad”, compartió Miranda.

A modo de recuento, el titular de la agencia mencionó como pasos de avance en Puerto Rico el reconocimiento del matrimonio igualitario aprobado el verano de 2015, el currículo de equidad de género adoptado en las escuelas, la inclusión de padres del mismo sexo en los certificados de nacimiento de niños adoptados en la Isla, entre otros.

“Tenemos que tener en cuenta que los prejuicios no desaparecen de un día para otro. Por ejemplo, tan reciente como hace dos semanas –y por primera vez en Puerto Rico– un jurado autorizó el agravante de crimen de odio en el Tribunal de Ponce, en el caso del asesinato del joven homosexual Miguel Rodríguez Fernández por razón de su preferencia de género. Hay que continuar educando hasta lograr que las nuevas generaciones no sigan cargando con prejuicios contra minorías. Esta agenda es compartida sin duda entre todos los sectores: el Estado, el sector privado, las comunidades, los grupos religiosos y políticos”, explicó Miranda.

En cuanto a la regulación para el acceso a armas de fuego, el jefe de agencia recordó que recientemente el Departamento de Justicia representó activamente el interés apremiante del ELA en torno a la seguridad pública al defender la constitucionalidad de la Ley de Armas de Puerto Rico. El pleito resultó inicialmente en la decisión de un Tribunal de Instancia en la que se pretendía dejar sin efecto requisitos indispensables para garantizar que aquellos ciudadanos que deciden poseer armas en la Isla en efecto cumplen con una conducta adecuada, que refleje que tienen las capacidades y las cualificaciones necesarias que conlleva la gran responsabilidad de poseer armas. No obstante, dicha determinación fue revocada. “El pasado mes de marzo logramos que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico reconociera la validez de los requisitos vigentes para poseer armas de fuego, tales como: ser mayor de 21 años; demostrar que no pesan órdenes de protección en su contra; y demostrar que no es un adicto o ebrio habitual”, detalló.

El ataque ocurrido en la discoteca Pulse de Orlando cobró la vida de unas 49 personas y fue perpetrado presuntamente por un joven identificado como Omar Marteen.

(22 de junio de 2016) El jefe de los fiscales, José Capó, dio a conocer hoy que en la tarde de ayer se radicó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en el caso Pueblo v. Luis Gustavo Rivera Seijo, por el asesinato en 2010 del niño Lorenzo González Cacho. El funcionario autorizó las siguientes expresiones:

“Como parte de la evaluación que realiza la Oficina de la Procuradora General en torno a los procesos de vista preliminar y vista preliminar en alzada del caso del asesinato del niño Lorenzo, en la tarde de ayer los fiscales del caso presentaron una moción de reconsideración al Tribunal de Instancia. La moción recoge los testimonios y otros aspectos de la prueba que se presentó ante el foro judicial durante la vista preliminar en alzada y sostiene que dicha prueba era suficiente para satisfacer el quantum de prueba requerido en dicha etapa y lograr una determinación de causa para juicio.

El recurso se presenta dentro del término de 15 días provisto para solicitar reconsideración de la decisión de no causa para juicio contra Luis Gustavo Rivera Seijo”.

Lea la moción presentada por el Ministerio Público aquí.

(22 de junio de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, a base de lo que ya había manifestado públicamente, ordenó a que el Ministerio Público se allane a la orden de excarcelación de Nelson Ruíz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Alvarez, acusados de asesinar a la joven Glorimar Pérez en el 1988, tras la determinación de un magistrado en el Tribunal de Aguadilla de concederles un nuevo juicio.

La determinación de Miranda es cónsona con el compromiso que contrajo con el país de propiciar el que fueran dejados en libertad en caso de que se determinara ha lugar un nuevo juicio. De esta forma, los tres convictos podrían estar en la libre comunidad, bajo las condiciones específicas que fueran dispuestas por el tribunal.

“Desde que este caso se trajo a nuestras atención la actitud ha sido de apertura y de responsabilidad con el manejo de los planteamientos presentados. Incluso, ausente una determinación de un tribunal que le requiriera al Departamento de Justicia la realización de nuevas pruebas de ADN a la evidencia custodiada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), ordenamos que se realizaran dichos análisis. En aras de atender los reclamos de ambas partes, recibimos a los familiares de los convictos y consideramos sus planteamientos. De igual modo, conversamos con la madre y otros familiares de Glorimar, quienes han vivido con dolor todos y cada uno de los muchos procesos que se han llevado luego de la sentencia de culpabilidad en el caso de su hija asesinada. Con ello, el Departamento de Justicia lo que ha buscado en este complejo caso es reestablecer un justo balance entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas de crimen y sus familiares. Tengo que decir que el Departamento de Justicia ha descargado su responsabilidad cabalmente y por eso es que nos allanamos –como habíamos anticipado– a la excarcelación de los convictos en lo que se da el nuevo juicio.

Aunque respetuosamente discrepamos de la determinación del tribunal, hemos decidido no recurrir para no continuar extendiendo la angustia de la familia de la víctima por motivo de este largo procedimiento”, manifestó el Secretario de Justicia.

Ante la determinación de celebrarse un nuevo juicio, el Ministerio Público tendría que volver a presentar la prueba que desfiló en corte durante la celebración del juicio original contra los imputados en el 1988.

Ruíz Colón, Caro Pérez y Ortiz Alvarez solicitaron un nuevo juicio luego de recibir los resultados de las pruebas de ADN realizadas a la evidencia encontrada en la escena, las cuales fueron solicitadas a través de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia.

(24 de junio de 2016) Jesús M. Encarnación Alvira, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya, enfrenta tres cargos de evasión contributiva por no radicar las planillas de contribución sobre ingresos correspondiente a los años 2011, 2012 y 2014.

Encarnación Alvira, quien también fungió como gerente hipotecario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, no cumplió con su responsabilidad contributiva a pesar de haber recibido suficientes ingresos para los años en cuestión.

Según se desprende de la investigación realizada, para el año 2011, mientras era gerente hipotecario de la Cooperativa Roosevelt Roads, este generó ingresos tributables ascendentes a $70,212 por conceptos de salarios y servicios profesionales. Para el año 2012, mientras trabajaba para la Cooperativa Roosevelt Roads y posteriormente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya, el imputado generó ingresos tributables por $106,357. Finalmente, para el año 2014 generó ingresos por $104,033. Además de los ingresos antes mencionados, el contribuyente recibió ingresos de otras cooperativas en ese periodo, entre ellas la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Florida y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cidreña.

Por los hechos antes expuestos, contra Encarnación Alvira se radicaron tres cargos bajo la sección 6030.11 (d) del Código de Rentas Internas del 2011 por dejar de rendir planillas o declaraciones; delito que conlleva una pena máxima de 8 años de cárcel.

La jueza Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto en los tres cargos imputados y le fijó una fianza de $10,000 en cada cargo, para un total de $30,000.  La vista preliminar fue pautada para el próximo 7 de julio de 2016.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, en unión al Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

(27 de junio de 2016) El dúo venezolano compuesto por Francisco Javier González Álvarez y Marcos Antonio Da Silva Castro, enfrenta 13 cargos por timar por $7.8 millones a la compañía Betteroads Asphalt Corp., subsidiaria de la conocida Empresas Díaz, por llevar a cabo una venta falsa de 100 mil barriles de asfalto líquido que nunca existieron.

Según se desprende de la investigación realizada, González Álvarez –también dueño de la compañía venezolana Arevenca– y Da Silva Castro vinieron a Puerto Rico y registraron en el Departamento de Estado de Puerto Rico la corporación falsa Madasi Oil Corp. en marzo del año 2011 con el propósito de timar a la compañía Betteroads. Para lograrlo, ambos hicieron la representación ante miembros de Betteroads de que tanto Arevenca como Madasi Oil Corp. formaban parte de uno de los grupos más importantes a nivel mundial en materia de compra y venta de petróleo.

Tras ofrecer los supuestos servicios de suplido de derivados de petróleo, los imputados acordaron con los representantes de Betteroads –parte perjudicada– venderles 100 mil barriles de asfalto líquido a un costo de $78 por unidad. Por ello, mediante engaño el 15 de julio de 2011 Betteroads hizo una transferencia electrónica de $2 millones a un banco en Suiza a favor de Averenca como depósito para la compra del asfalto. Asimismo, la empresa timada llegó a hacer una segunda transferencia electrónica a un banco de Suiza el 19 de agosto de 2011 por la cantidad de $5.8 millones para completar el pago final de la compra que ascendía a $7.8 millones.

Luego de que González Álvarez y Da Silva Castro hicieran el acuerdo de compra y venta bajo representaciones fraudulentas, los timadores le confirmaron a los representantes de Betteroads el recibo del dinero, pero nunca hicieron entrega del asfalto comprado.

Asimismo, la investigación realizada arrojó que el dinero transferido a una cuenta de banco en Suiza fue utilizado por González Álvarez para su beneficio.

Por estos hechos, el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra Francisco Javier González Álvarez en 2 cargos por apropiación ilegal, 2 cargos por fraude y 5 cargos por lavado de dinero, para un total de 9. Mientras, también se halló causa contra Marcos Da Silva Castro por 2 cargos por apropiación ilegal y 2 cargos de fraude, para un total de 4.

Actualmente, González Álvarez, se encuentra detenido en Venezuela desde el 20 de mayo, dado que las autoridades de España sometieron una orden de arresto en su contra por apropiación indebida y estafa. Asimismo, la INTERPOL ha confirmado que el individuo está en la categoría de alerta roja, pues también figura como persona de interés en China y Senegal.

Se referirá una solicitud de extradición al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes tienen la jurisdicción para hacer extradiciones internacionales.

Mientras, se desconoce el paradero de Marcos Da Silva Castro.

El magistrado impuso una fianza de $1 millón por cargo, para un total de $9 millones contra González Álvarez y $4 millones contra Da Silva Castro. No se señaló vista preliminar dado que los imputados no han comparecido ante las autoridades.

La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor  del Departamento de Justicia, se hizo cargo de la investigación junto al agente Juan José Pereira García de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

(28 de junio de 2016) José González Amador, dueño y presidente de Petro West, enfrentará una vista de causa para juicio luego que un magistrado encontrara causa para arresto en su contra en 22 cargos tras apropiarse ilegalmente de $10 millones de fondos públicos provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según las denuncias presentadas, González Amador cobró a la AEE un impuesto de 0.5% por concepto de patentes municipales en todas las facturas de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales, logrando así apropiarse de $10,800,591.63 de fondos públicos.

El esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en los municipios de Hormigueros, Mayagüez, Peñuelas y Arecibo, llegando a obtener incluso una exención total del impuesto con el municipio de Hormigueros y Arecibo, mientras continuaba facturando el 0.5% por concepto de este impuesto, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

Por los hechos antes expuestos, la jueza Karem M. Álvarez Echeandía, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto en 22 cargos imputados contra González Amador por apropiación ilegal agravada de fondos públicos, y 22 cargos contra su compañía. Esta le impuso una fianza de $5,000 en cada cargo, para un total de $110,000.

La celebración de la vista preliminar fue pautada para el próximo 16 de agosto de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Carmen Padilla e Iván De Jesús, la agente Nirka Burgos del Negociado de Investigaciones Especiales y las funcionarias de la Oficina del Contralor, Laura Hernández y Liza Vélez.

(14 de julio de 2016) El sacerdote Floyd McCoy Jordan fue sentenciado hoy a cumplir 15 años de cárcel tras haber sido hallado culpable de manera unánime (12-0) por un jurado el pasado mes de junio por cometer actos lascivos contra un menor de 14 años de edad entre el año 2013 y 2014 en el municipio de Hormigueros.

La jueza Aixa Rosado Pietri del Tribunal de Mayagüez presidió la vista en donde la defensa había impugnado el informe pre sentencia y había solicitado que se le impusieran atenuantes al acusado. Sin embargo, la magistrada declaró la petición no ha lugar y le impuso la pena fija de 15 años en prisión.

Según la prueba desfilada ante el jurado durante la etapa de juicio, el sacerdote cometió actos lascivos que tendieron a despertar, excitar o satisfacer su pasión o deseos sexuales, aprovechándose de su víctima por existir una relación de superioridad de liderazgo de creencia religiosa.

McCoy Jordan, quien era sacerdote en el Santuario de la Monserrate de Hormigueros, acosaba al menor con llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El acusado enfrentaba un cargo grave por violar el Artículo 133 A, incisos (a) y (g), del Código Penal de 2012 por actos lascivos.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal de distrito de Mayagüez, Blanca Portela, y la fiscal Rosa Acevedo.

(14 de julio de 2016) Javier Santos Sánchez tendrá que cumplir 125 años y medio de cárcel tras ser sentenciado hoy en el Tribunal de Mayagüez por secuestrar y violar a una menor de edad, en hechos ocurridos en el barrio Quemados del mencionado municipio el pasado 14 de septiembre de 2014.

Según se desprende de la prueba desfilada durante el juicio, el incidente se produjo luego que Santos Sánchez interceptó a la joven en la carretera y la forzó a ingresar a un vehículo de motor. Luego, este la transportó hasta una propiedad abandonada donde perpetró la agresión sexual.

La jueza Aixa Rosado Pietri del Tribunal de Mayagüez impuso la pena fija con agravantes en los cargos por violación y secuestro, y ordenó el cumplimiento de 6 meses de cárcel por el delito de amenaza, los cuales tendrán que ser cumplidos de manera consecutiva, para un total de 125.5 años de reclusión.

Santos Sánchez fue encontrado culpable de manera unánime por un jurado el pasado mes de mayo por el delito de agresión sexual y 11-1 por el delito de secuestro.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Iván Blondet y José Criado.

(15 de julio de 2016) La jueza Carmen Otero Ferreiras del Tribunal de Ponce declaró ayer no ha lugar la solicitud de hábeas corpus que hiciera la defensa de Guarionex Candelario Rivera, acusado de asesinar al comandante Frank Román Rodríguez, la teniente Luz M. Soto Segarra y la agente Rosario Fernández de Hoyos, el 28 de diciembre de 2015 en la Comandancia de Ponce.

Asimismo, la jueza denegó la solicitud de la defensa hecha el 1 de julio para recusar a los candidatos a jurado que comparecieron a la selección el pasado 30 de junio. La determinación de la magistrada permitirá que se continúe con el proceso de desinsaculación del jurado, el cual inició en el mes de mayo.

Este proceso de selección se ha extendido más de lo usual, pues en aras de garantizar un proceso justo e imparcial se está examinando de forma exhaustiva a cada posible candidato a jurado.

Anteriormente, Candelario Rivera había solicitado una rebaja de fianza, petición que fue declarada no ha lugar el pasado 11 de julio por el juez Pedro Casablanca Sagardía del mencionado tribunal. Tras la determinación, la defensa del acusado presentó la solicitud de hábeas corpus que fue denegada ayer.

Se espera que el juicio inicie el próximo 8 de agosto de 2016.

El Ministerio Público está representado por los fiscales Sharleen Rosa de Jesús e Idelfonso Torres Rodríguez.

(27 de julio de 2016) – El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, informó hoy sobre la radicación de cargos contra Jadiel Hernández Alberty y Yamil Rivera Navarro, quienes se identificaron como taxistas, por ocasionar daños a un vehículo registrado en la plataforma Uber, así como cargos por Ley de Armas.

De la investigación se desprende que ambos sujetos la emprendieron ayer contra un vehículo compacto de la red de transporte Uber, en las inmediaciones del Restaurante Metropol ubicado en Isla Verde, Carolina. Al momento pesa un cargo a cada individuo por infringir el Artículo 198 del Código Penal por causar daño a la propiedad y un cargo por el Artículo 5.05 por utilización de arma blanca. En el lugar fueron ocupados una cuchilla y un punzón, con los que presuntamente causaron daños a los neumáticos del vehículo.

Por estos hechos, Hernández Alberty y Rivera Navarro se allanaron ante la determinación de causa para arresto en su contra y el juez Wilfredo Viera Garces, del Tribunal de Carolina, les fijó una fianza de $1,000 en cada cargo por violar la Ley de Armas. El magistrado pautó la vista preliminar para el 9 de agosto de 2016.

“Con esta radicación estamos viendo los primeros casos que siguen el procedimiento criminal, en torno a una serie de incidentes que han venido tomando lugar por las pasadas semanas. Hemos tenido varios eventos en los que los perjudicados han optado por no querellarse o simplemente no completar el proceso en miras a la radicación de cargos. En esta ocasión se nos ha informado que ambos imputados se autoidentificaron ante las autoridades como ‘taxistas’. Ante la recurrencia de estos actos tenemos que hacer un llamado a la manifestación pacífica, que es la única protegida por nuestro ordenamiento democrático. Es inaceptable todo acto de violencia y no existe justificación alguna para colocar en riesgo y comprometer la seguridad de los usuarios de Uber o de cualquier otro servicio de transporte”, manifestó Miranda.

Incluso, en la tarde de hoy se acaban de reportar hechos en donde se alega que desconocidos vandalizaron un auto registrado para ofrecer servicios de Uber. La Policía informó que agentes de la zona turística de Isla Verde ya se encuentran investigando los hechos.

Por su parte, el superintendente de la Policía, José Caldero, explicó que han sido múltiples los eventos violentos perpetrados contra conductores del servicio Uber. “Hemos establecido un plan de trabajo con patrullaje preventivo en las zonas turísticas de Isla Verde y otras áreas como San Juan, donde se han reportado incidentes entre taxistas y conductores de Uber. A raíz de ese patrullaje, ayer dos agentes pusieron bajo arresto a dos hombres que ocasionaron daño a un vehículo de Uber en el área turística de Carolina. Recalcamos la importancia de la cooperación ciudadana y hacemos hincapié en que los perjudicados deben completar el proceso de presentar querella y continuar participando del proceso criminal contra los agresores”, expresó el jefe de la Policía.

Al momento, se encuentra citado para el 1 de agosto el sospechoso de agredir a un conductor de Uber en el área del Hotel Caribe Hilton en San Juan. Asimismo, en los pasados días se registró un incidente similar cercano al antiguo Hotel Normandy en el que el perjudicado optó por no continuar con el proceso criminal.

Miranda instruyó al jefe de los fiscales, José Capó, para que designe a un fiscal de cada fiscalía en las regiones judiciales de San Juan y Carolina, para que atiendan las consultas relacionadas a ataques contra conductores que dan servicio de transporte a la ciudadanía o contra sus usuarios.

(2 de agosto de 2016) La Secretaría Auxiliar de lo Civil (SAC) del Departamento de Justicia (DJ) cuenta con un nuevo sistema digital para manejar los casos que se atienden en la división, gracias al apoyo brindado por los estudiantes del Programa de Prácticas Supervisadas del DJ al equipo de trabajo de la agencia.

Ocho estudiantes del Departamento de Ingeniería de Computadoras, Eléctrica y Ciencias de Computadora de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), trabajaron junto al personal de la Oficina de Informática, la División de Planificación y Estadísticas, y la SAC, para crear el nuevo Sistema Integrado de Manejo de Casos Civiles (SIMaCC), el cual facilitará el registro de casos.

El SIMaCC, que reemplazará al antiguo Sistema de Información de Litigios Generales (SILaG), permitirá que se centralice el manejo de casos y que se produzca una amplia gama de informes y estadísticas. Asimismo, esta herramienta maximizará los esfuerzos de los abogados y el personal de la Secretaría reduciendo el tiempo que invierten en la producción de informes y estadísticas.

SIMaCC es un sistema que fue creado con las últimas tecnologías en diseño y desarrollo de interfaces de usuario, el cual cuenta con seis módulos: registro de casos, correspondencia/eventos, módulo de abogados, plan de pagos, usuarios e informes.

A pesar de que la fase de programación estaba estimada para completarse en un periodo de nueve meses, la ayuda de los estudiantes en los módulos de registro de casos, correspondencia/eventos y plan de pagos- permitió que se hiciera en tan solo seis meses, logrando adelantar cerca del 50 por ciento de las labores de programación. Los restantes módulos serán programados por los desarrolladores de la Oficina de Informática del DJ y se espera que el sistema esté en uso en el próximo mes de septiembre.

El proyecto no tuvo un costo adicional al erario público, pues los estudiantes acogieron el trabajo como su proyecto final para completar su grado de bachillerato.

Exitoso el Programa de Prácticas Supervisadas

Un total de 177 estudiantes de bachillerato y maestría han tenido la oportunidad de laborar en distintos departamentos del Departamento de Justicia desde la implementación del Programa de Prácticas Supervisadas en el año 2015. Durante este verano, el Programa recibió 25 estudiantes con especialidad en justicia criminal, asuntos públicos y derecho.  Para el semestre de enero a mayo  de 2016, se acogieron cien estudiantes de los programas de ingeniería de computadora, trabajo social forense, ciencias forenses, sistemas de justicia, derecho y justicia criminal. Finalmente, para el semestre de agosto a diciembre de 2015 ingresaron al Programa 52  estudiantes de trabajo social forense, derecho, justicia criminal y ciencias forenses.