(12 de agosto de 2016) Frankie Adorno Rodríguez y José Rivera Visaldén irán a juicio luego que una jueza encontrara causa en su contra por asesinar a la niña Arianys Rosa Luquis el pasado 8 de mayo de 2016 en el municipio de Ciales.

La menor de 8 años falleció el pasado Día de las Madres mientras viajaba con sus padres.

La jueza Liza Fernández del Tribunal de Arecibo determinó causa para juicio contra ambos imputados por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas, conspiración y disparar en un lugar público.

El próximo 29 de agosto de 2016 se llevará a cabo la lectura de acusación y el juicio fue pautado para el 27 de septiembre de 2016.

(12 de agosto de 2016) Héctor Santiago Crespo, identificado como empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), enfrenta cargos por robo agravado y violación a la Ley de Armas luego de que una jueza encontrara causa para arresto en su contra por su participación en el robo ocurrido en las oficinas comerciales de la AAA en Arecibo, el pasado 28 de julio de 2016.

Según se desprende de la investigación realizada, unos $24,221 fueron robados.

La jueza Cindia Irizarry del Tribunal de Arecibo le impuso una fianza global de $25,000 y, debido a que el imputado coopera con el Ministerio Público, la magistrado ordenó su restricción en el Albergue de Testigos del Departamento de Justicia con la utilización de un grillete electrónico.

Por estos hechos, el Ministerio Público había radicado cargos contra Alcidys Maldonado Santana, identificado como el autor intelectual del atraco.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Maribel Reyes y el fiscal Rafael Freytes.  La agente Jackeline Candelaria, de la División de Robo de la Policía de Puerto Rico, también colaboró en la investigación.

El próximo 25 de agosto de 2016 se celebrará la vista preliminar contra Santiago Crespo. La vista contra Maldonado Santana está pautada para el 19 de agosto de 2016.

(17 de agosto de 2016) Alex Julio de Aza Gómez fue encontrado culpable hoy por un jurado por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas tras asesinar al joven Josué Moisés Arroyo Sosa el pasado 25 de febrero de 2016 en el municipio de Isabela.

Según se desprende de la investigación realizada, los hechos ocurrieron cerca delas 4:00 a. m. en una cancha de baloncesto del barrio Jobos de Isabela donde De Aza Gómez le realizó varios disparos al occiso.

De Aza Gómez enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas por portación de armas, además de apuntar y disparar.

El juez Iván Román presidió el juicio y señaló la lectura de sentencia para el 29 de septiembre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Sidney Baron y Benjamín Miranda. El agente Juan López, de la División de Homicidios de la Policía de Puerto Rico en Aguadilla, también participó de la investigación del caso.

(7 de septiembre de 2016) José Antonio Leal Aguayo enfrenta cinco cargos en su contra luego que ayer una jueza del Tribunal de Caguas encontrara causa para arresto por apropiarse de casi $18,000 mientras fungía como empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) entre los años 2011 al 2012.

Según se desprende de la investigación realizada, Leal Aguayo ostentaba el cargo de Oficinista de Servicios al Consumidor de la oficina comercial de Caguas cuando entre septiembre de 2011 y febrero de 2012 se apropió de $17,945, pertenecientes a la corporación pública.

Por los hechos antes expuestos, la jueza Sonya Y. Nieves Cordero del Tribunal de Caguas encontró causa para arresto por apropiación ilegal agravada, apropiación de identidad, enriquecimiento ilícito, omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

La magistrada le impuso una fianza de $25,000 la cual fue diferida por la OSAJ. La vista preliminar fue señalada para el próximo 27 de septiembre de 2016.

El Ministerio público estuvo representado por la fiscal Rocío Gracia Rivera y el agente Manuel Pérez Rodríguez del Negociado de Investigaciones Especiales.

(7 de septiembre de 2016) Omar Emanuel Falcón Torres, quien utilizaba el pseudónimo “MedeaBot” en la red social Twitter, enfrentará juico por una serie de delitos relacionados a un patrón de acecho cibernético luego que un juez encontrara causa en 9 de los 12 cargos graves que pesaban en su contra.

El juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de San Juan halló causa contra Falcón Torres en todos los cargos, excepto tres cargos relacionados a revelación de comunicaciones y datos personales. Contra el imputado se habían radicado tres cargos por apropiación ilegal de identidad, dos cargos por amenaza o intimidación a testigos, dos cargos por alteración y uso de datos personales en archivos, tres cargos por revelación de comunicaciones y datos personales, y un cargo por la acecho grave en su modalidad de víctima embarazada (Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 284 de 1999).

Según se desprende de la investigación realizada, Falcón Torres llevaba a cabo un patrón masivo de acoso cibernético y apropiación ilegal de identidad que pudo ser corroborado tras la cooperación de la empresa Twitter, la cual dio acceso a unas 300 cuentas creadas por el imputado. Cabe destacar que la mayoría de las cuentas intervenidas fueron clausuradas por la red social.

La vista preliminar fue atendida por los fiscales Luis Freire Borges, quien estuvo a cargo de la argumentación final del Ministerio Público, el fiscal Rafael Sosa Arvelo, director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (UICC), y el fiscal Eugenio Martínez Rodríguez.

La lectura de acusación fue pautada para el próximo 16 de septiembre de 2016. Se espera que el juicio en su fondo de inicio el 20 de octubre de 2016.

(12 de septiembre de 2016) – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, y la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M.Valdivieso, decidieron el pasado viernes trabajar en conjunto sobre el contenido de los informes referidos por la Cámara de Representantes, producto de dos auditorías llevadas a cabo a los contratos y servicios prestados por la empresa 3Comm Global Inc., propiedad del imputado federal Anaudi Hernández.

El referido fue recibido en ambas dependencias el pasado viernes 9 de septiembre, por vía del presidente en funciones de la cámara baja, Roberto Rivera Ruíz de Porras.

“Hemos recibido para nuestra evaluación dos documentos. Uno es un Borrador de Informe con fecha del 29 de enero de este año, que recoge el resultado de una auditoría de los contratos entre la Cámara y 3Comm Global. El mismo fue preparado por el auditor interno de ese cuerpo, el
licenciado Néstor Feliciano Medina. El segundo es el Informe Final con fecha del 6 de septiembre del corriente que trata de los procesos de adquisición, implementación y operación del sistema telefónico de la Cámara, preparado por la firma Benchmark Technologies. En la propia carta de referido, Rivera Ruíz de Porras expresa que de ambos informes se desprenden serias violaciones a los procedimientos de sana administración, las que podrían, a su juicio, constituir algún delito. Esto es parte de lo que estaremos evaluando por parte de la Oficina de la Contralora y el Departamento de Justicia”, detalló Miranda, titular del DJ.

Miranda delegó la investigación en la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, para la cual se asignaron dos fiscales para que trabajen en la pesquisa mano a mano con la Oficina de la Contralora, como parte de un acuerdo de colaboración vigente entre ambas entidades.

“La Contraloría y el Departamento de Justicia, como en casos anteriores, trabajaremos comprometidos en defender los fondos y la propiedad del Gobierno. Nuestros auditores especializados en sistemas de información y forense digital trabajarán en conjunto con el Departamento de Justicia. No vamos a escatimar recursos para realizar la investigación”, indicó la Contralora.

(15 de septiembre de 2016) En la tarde de hoy una jueza del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Cesáreo Vélez Martínez en cuatro cargos por cometer agresión sexual y actos lascivos contra sus dos hijas biológicas desde que éstas tenían nueve y ocho años respectivamente.

Contra Vélez Martínez se radicaron dos cargos por agresión sexual, un cargo por actos lascivos y un cargo por incesto. La jueza Milagros Muñiz encontró causa en todos los cargos presentados y le impuso una fianza de $80,000, la cual no pudo prestar.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 28 de septiembre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ginny Andreu Rosario y la agente Sheila Serrano, de la División de Delitos Sexuales del CIC de Bayamón.

(15 de septiembre de 2016) El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció junto al Secretario de Educación, Rafael Román, la radicación de 25 cargos contra la terapista del habla María del Carmen Travieso Martínez, por facturar servicios que nunca ofreció, tronchando con ello la preciada oportunidad de superación de niños de la corriente de Educación Especial y quienes día a día luchan por mejorar sus condiciones a través del ofrecimiento de servicios terapéuticos en edades críticas para su desarrollo integral.

Travieso Martínez enfrenta 25 cargos en su contra luego que una jueza del Tribunal de San Juan encontrara causa para arresto por falsificar la firma de las madres de dos menores a los que ofrecía servicios de terapia del habla y engañar al Departamento de Educación (DE) certificando la supuesta prestación de servicios.

La terapista del habla, la cual ofrecía sus servicios mediante el programa de la Unidad Secretarial de Procedimiento de Querellas y Remedios Provisionales (USPQRP) del DE para el año escolar 2015-2016, facturó a la agencia por servicios que nunca fueron rendidos. Travieso Martínez certificó que le había otorgado terapias a los menores en fechas y horas en donde los menores no habían asistido a la escuela, cuando es en la escuela donde se ofrecen los servicios. Asimismo, indicó que había brindado las terapias en fechas donde los menores estaban hospitalizados o en citas médicas.

Sin embargo, la acción de Travieso Martínez no se limitó a la falsificación de la firma de las madres de los menores. Esta también falsificó la firma de otras dos terapistas, las cuales incluía en la certificación como las que habían brindado el servicio.

Por el esquema, la mujer logró apropiarse de sobre $5,000 pertenecientes al erario público.

“Este caso nos plantea una situación ética sumamente triste y lamentable. Independientemente del impacto económico, lo que nos resulta repudiable es la privación de los servicios de terapia a niños y niñas que los necesitan con desespero. El impacto económico puede ser de un solo centavo, pero la privación intencional, por fraude, de la terapia es un atentado contra la esperanza de estos niños y sus madres, en este caso específico”, indicó el secretario de Justicia.

Mientras, el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román Meléndez, expresó que este caso evidencia el compromiso que han tenido, desde que inició su gestión, de lograr una transformación en la prestación de servicios a los estudiantes de Educación Especial y velar con mucha responsabilidad los fondos públicos que se destinan para manejar las distintas condiciones que afectan el proceso de aprendizaje de esta población. “Es una triste historia dado que esta Unidad es la oficina en la cual cifran sus esperanzas los padres cuando la Secretaría Asociada de Educación Especial no puede ofrecerle los servicios. Esta Unidad representa la última oportunidad que tiene el DE para garantizar los servicios de esta población desventajada”, destacó el titular de Educación.

Por los hechos antes expuestos, la jueza Alfrida Tomei del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en un cargo por apropiación ilegal de fondos públicos, un cargo por fraude, 12 cargos por falsificación ideológica, y 11 cargos por posesión y traspaso de documentos falsos.

A Travieso Martínez se le impuso una fianza de $200 en cada cargo, para un total de $5,000.

La investigación estuvo a cargo de las  fiscales Wilda Nin e Iraida Casillas, adscritas a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia,  en unión a la agente especial Edna Cruz Estrada del Negociado de Investigaciones Especiales. También, colaboraron los auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico Emmanuel Fuentes y José Rivera.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de septiembre de 2016.

(27 de septiembre de 2016) El jefe de los fiscales, José B. Capó, anunció hoy el archivo de los cargos que pesan contra tres imputados por el asesinato de Glorimar Pérez en 1988, luego de celebrarse una vista en el Tribunal de Instancia de Aguadilla como parte de la concesión de nuevo juicio en el caso.

“Los fiscales del caso solicitaron hoy el archivo de este caso, determinación que el Ministerio Público tomó luego de un extenso y minucioso análisis de la prueba disponible para llevar a cabo el nuevo juicio. Dicha prueba, tras 28 años del asesinato, no estaría disponible en su totalidad y se concluyó que las probabilidades de prevalecer bajo estas circunstancias no justifican la celebración de un nuevo juicio en estos momentos”, expresó Capó.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que acogió la recomendación de los fiscales del caso, tras recibir un análisis de la prueba y de la totalidad de las gestiones investigativas dirigidas a fortalecer la evidencia a presentarse en el nuevo juicio. “Recibí de parte de los fiscales del caso y del jefe de los fiscales, José Capó, un informe extenso y detallado con todos los pormenores del caso de Glorimar. Estoy tranquilo porque este Departamento de Justicia ha realizado absolutamente todas las gestiones que hemos tenido al alcance para prepararnos de cara al nuevo juicio pero, siendo justos y éticos, sería inadecuado dar paso a un proceso de nuevo juicio cuando las condiciones de la prueba han sufrido el imperdonable embate del paso del tiempo. También me da tranquilidad el hecho de que, hasta donde ha sido posible, hemos mantenido la comunicación, nuestro respeto y deferencia a los familiares de Glorimar que sé padecen el trauma de estos eventos”, explicó el titular de la agencia.

El Departamento de Justicia realizó todas las gestiones investigativas que tuvo a su alcance para reorganizar la prueba presentada en el juicio celebrado hace 22 años para la convicción de Nelson Ruiz Colón, José Caro y Nelson Ortiz Álvarez. Además, se atendieron todos los posibles ángulos investigativos en búsqueda de prueba adicional que aportara al caso de cara a la etapa del nuevo juicio. En ese esfuerzo se investigó también la teoría expuesta por la defensa sobre la alegada participación de Rafael Baucage Colón y de Johan Rosario como responsables del asesinato de Glorimar. Mediante ese esfuerzo se logró obtener una orden judicial por parte del juez federal Francisco Besosa para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entregara al Ministerio Público algún material genético de Baucage Colón, quien junto a Johan Rosario, fueron mencionados por la defensa como sospechosos. Aunque esa dependencia no contaba con muestra genética de Baucage Colón, se logró obtener una muestra de manera voluntaria de su hijo, lo cual sirvió para comparar su perfil de ADN con el de prueba encontrada en la escena. El resultado del análisis genético reveló que el ADN de Baucage Colón queda descartado de ser el ADN masculino presente en las dos piezas de evidencia comparadas.

Asimismo, el Departamento de Justicia obtuvo el consentimiento por parte de Johan Rosario para someterse al análisis de ADN para compararlo con un perfil genético femenino presente en dos piezas de evidencia halladas en la escena. Para la toma de muestra se realizó un viaje al estado de Virginia, donde esta reside. Tras ser analizada, los resultados arrojaron que su ADN queda descartado de estar presente las piezas recuperadas en la escena.

La teoría “Baucage”, esbozada por la defensa en su momento, incluyó una supuesta arma homicida utilizada. Sin embargo, Justicia también ordenó la comparación mediante análisis balístico de esa arma con el plomo recuperado del cuerpo de Glorimar. El resultado descarta que esta fuera el arma homicida utilizada en este crimen.

Glorimar Pérez fue asesinada el 30 de julio de 1988. Luego de una vista  celebrada el 22 de junio de 2016 en el Tribunal de Aguadilla, el juez José Emilio González concedió la celebración de un nuevo juicio tras evaluar los resultados de las pruebas de ADN Post Sentencia. Los imputados están en la libre comunidad desde el 23 de junio de 2016 con vigilancia electrónica bajo restricción domiciliaria.

(28 de septiembre de 2016) El jefe de los fiscales, José B. Capó Rivera, anunció hoy que los resultados de las pruebas de ADN mitocondrial realizadas a los vellos que se hallaron en el cuerpo de Haydée Maymí Rodríguez, asesinada junto a sus hijos en Trujillo Alto el pasado 26 de junio de 1989, confirmaron que le pertenecían a la mujer.

Los resultados fueron entregados a las partes en la tarde de hoy por personal del laboratorio de ADN del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

A pesar de que el Ministerio Público no utilizó esa prueba durante el juicio para inculpar a los imputados, la fiscalía accedió a la realización de las pruebas tras la solicitud de la defensa en mayo del presente año.

El resultado confirma que no se halló presencia genética de un tercero en la escena que pudiera favorecer la teoría de los imputados, de que fueron otros los asesinos de la mujer.  Durante el juicio se ventiló el testimonio directo de dos personas que al momento no se han retractado y le merecieron credibilidad al jurado durante el juicio. Esos testimonios, de quienes presenciaron el ataque que deparó en la muerte de estas tres personas, constituyen prueba directa e independiente a los análisis científicos realizados.

El proceso de análisis consistió en la comparación de los vellos púbicos de Haydeé Maymí con las muestras de sangre de la mujer que se encontraban en el ICF, las cuales contienen su perfil genético, a los fines de determinar si éstos le pertenecían o no.

Antonio Ramos Cruz, representado por el Proyecto Inocencia y Juan Carlos Meléndez Serrano, por derecho propio, solicitaron la realización de una prueba de ADN al amparo de la Ley Núm. 246 del 29 de diciembre de 2015, conocida como la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.

Para el año 2011 los convictos solicitaron la celebración de un nuevo juicio basado en supuesta prueba pericial (ADN) que no estaba disponible al momento del juicio en el 1992. Éstos alegaron que un pelo que fue encontrado en un abrigo en uno de los cuartos de la residencia y tres vellos púbicos levantado de la ropa interior de Maymí no eran de ellos y le podría pertenecer a una tercera persona.

Durante la celebración de la vista de solicitud de un nuevo juicio en 2011, la defensa presentó prueba que en efecto confirmaba que los referidos pelos no le pertenecían a los convictos. Sin embargo, a preguntas del Ministerio Público se estableció que esa prueba por sí sola no cumplía con la norma de derecho para autorizar la celebración de un nuevo juicio. Así lo estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando resolvió el caso Pueblo v. Marcano Parrilla II.  Además, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina en 2011 no pudo concluir pero sí inferir que los vellos púbicos encontrados eran de la misma occisa, pues en aquel entonces los pelos encontrados no fueron comparados con los de las víctimas para conocer si les pertenecían. La solicitud de nuevo juicio fue declarada no ha lugar y esa determinación no fue apelada.

Por otro lado, el Tribunal Supremo Federal, en el caso District Attorney’s Office v. Osborne en 2009, estableció que en casos donde exista otra evidencia incriminatoria y una explicación para el resultado de la prueba de ADN, la ciencia por sí sola no podrá probar la inocencia del convicto. De igual manera, estableció que por el hecho de existir nuevas tecnologías no disponibles al momento del juicio, esto no significa que la convicción criminal sea puesta en duda.

Hay vista de estatus señalada para el próximo 13 de octubre a las 2:00 p. m. en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

(29 de septiembre de 2016) La División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), dirigida por la fiscal Gretchen Camacho Rossy, informó el inicio de una investigación preliminar en el caso de la senadora María T. González, gestión que fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la mañana de hoy.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

El Departamento de Justicia, mediante requerimientos de información (subponeas) identificó un documento juramentado que apunta a posible comisión de delitos.

“En el día de hoy estamos notificando a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que existe causa suficiente para conducir una investigación preliminar al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 2 de 1988, que crea la OPFEI”, manifestó Camacho Rossy.

El DJ destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio a posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

Acorde con la ley de la OPFEI, entidad que tiene jurisdicción para encausar a legisladores, el DJ cuenta con 90 días para realizar la investigación preliminar. Transcurrido este periodo el DJ referiría la investigación preliminar a la OPFEI para su evaluación y determinación final en el caso.

(30 de septiembre de 2016) El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció la disponibilidad de $24.7 millones en fondos federales que fueron otorgados a la agencia para prestar servicios directos a las víctimas del crimen.

Por segundo año consecutivo el Departamento de Justicia recibió un aumento significativo en estos fondos, lo que representa la mayor asignación de fondos federales de este programa a la Isla y un voto de confianza del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al Estado Libre Asociado y al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Los fondos provienen de la ley federal Victims of Crime Act (VOCA, por sus siglas en inglés), que administra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual otorgó la millonaria cuantía al DJ. Esta asignación refleja un incremento de más del 400 por ciento en relación a los años previos al 2015 y un aumento de más del 10 por ciento en relación al pasado año.

Todas las entidades interesadas que brinden servicios a las víctimas del crimen pueden presentar  sus propuestas a partir del próximo miércoles, 5 de octubre de 2016.  Asimismo, aquellos interesados en conocer los requisitos para solicitar fondos VOCA podrán acceder a www.justicia.pr.gov o llamar al 787-721-2900 (ext. 2866) a la División de Recursos Externos. Las propuestas podrán ser presentadas a partir del 5 de octubre de 2016 y tendrán hasta el 5 de diciembre de 2016 para someterlas.

A través de VOCA, en los últimos seis años el DJ ha provisto fondos a más de 350 organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas en la Isla que brindan servicio a víctimas de violencia doméstica, maltrato a menores, abuso sexual, maltrato a envejecientes, víctimas de robo o asalto agravado, tentativa de asesinato, víctimas de crímenes cibernéticos, víctimas de bullying  y víctimas de conductores ebrios, entre otros.

El DJ ha estado trabajando arduamente en un proceso de re ingeniería de la División de Recursos Externos realizando un esfuerzo significativo para evitar devolver fondos a las agencias federales y ponerlos todos a buen uso. El fin es lograr que todas las entidades cualificadas utilicen estos recursos al máximo brindando servicios directos a las personas necesitadas.

(3 de octubre de 2016) José Otero Otero, de 59 años de edad, enfrenta 23 cargos en su contra por agredir sexualmente a unos 11 menores de edad desde el año 2015 hasta mayo del 2016, en hechos ocurridos en su residencia en Río Piedras.

Otero Otero, vecino de Puerto Nuevo, agredió a las víctimas que rondan entre los 12 y los 14 años de edad.

La jueza María Camareno del Tribunal de San Juan encontró causa en todos los cargos radicados. Esta le impuso una fianza de $100,000 en cada cargo, para un total de $2,300,000.

El individuo, quien se encuentra sumariado en la cárcel federal, fue arrestado en mayo del año en curso por las autoridades federales en la Isla, quienes radicaron cargos en su contra por tráfico sexual de menores.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 17 de octubre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal María Hernández Medina y la agente Ivys Vázquez de la División de Delitos Sexuales de San Juan.

(3 de octubre de 2016) Tefel Vera Vélez enfrenta cuatro cargos luego que hoy un juez del Tribunal de Arecibo encontrara causa para arresto en su contra tras herir a un hombre y causarle la muerte a otro el pasado viernes, 1 de octubre de 2016, en el pueblo de Hatillo.

Según se desprende de la investigación realizada, Vera Vélez se encontraba en el negocio Jimmy BBQ del barrio Campo Alegre en Hatillo cuando Nelson Pérez Mercado y Hermer Mercado Cotts llegaron al lugar. Allí se suscitó una diferencia entre los tres y el imputado disparó contra Mercado Cotts, hiriéndolo en el estómago, y Pérez Mercado, a quien hirió en la espalda.

Mercado Cotts se encuentra recluido en una institución hospitalaria, mientras Pérez Mercado falleció en el Hospital Pavía de Ponce.

Por los hechos antes expuestos el juez Eric Rolón del Tribunal de Arecibo encontró causa para arresto contra Tefel Vera Vélez en un cargo de asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato y dos cargos por violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas (apuntar y disparar un arma de fuego).

Actualmente, el imputado se encuentra en restricción domiciliaria hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el próximo 18 de octubre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.

(4 de octubre de 2016)  El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció hoy que una jueza del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto por homicidio negligente contra Francheska Otero Coreano tras la muerte de la niña Emiliana Del Valle Colón, quien falleció el pasado 4 de julio de 2016 mientras recibía los servicios del “Hogar La Casa Cuna de San Juan”, tras haber sido removida de la custodia de sus progenitores.

Según la investigación realizada, Otero Coreano era la persona encargada del cuido de la menor de un año y cinco meses al momento de los hechos, quien a su corta edad requería de atención ininterrumpida.

La prueba recopilada por el Ministerio Público concluyó que debido al descuido y la negligencia de Otero Coreano la niña logró acceso a una piscina plástica ubicada en el patio de la institución donde posteriormente pereció ahogada, según confirma el personal médico que atendió a la menor y el informe de patología.

“La muerte de esta infante jamás debió ocurrir. Es la consecuencia de un abandono inexplicable del deber de quien venía llamada a protegerla, lo que da lugar a la acusación que hoy radicamos”, expresó el titular de Justicia.

Tras la muerte de la infante, el Municipio de San Juan destituyó de su cargo a la cuidadora de la niña y otros funcionarios. Mientras, el Departamento de la Familia realizó una investigación administrativa.

“Lamentamos profundamente la muerte de la niña ocurrida en la Casa Cuna de San Juan el pasado mes de julio.  La responsabilidad que asume un cuidador de niños no es algo que se toma livianamente.  Un descuido por pequeño que sea, puede tener consecuencias nefastas.  Exhorto a los operadores de centros de cuido de niños a que se aseguren que su personal cumpla cabalmente con sus obligaciones para con los niños y niñas. En el Departamento de la Familia, a través de la oficina de Licenciamiento, estamos disponibles para orientar sobre el cumplimiento con los reglamentos que aplican a estas instituciones para evitar este tipo de desgracia”, manifestó Idalia Colón, Secretaria del Departamento de la Familia.

La jueza Karen Álvarez del Tribunal de San Juan encontró causa en el cargo imputado y le impuso una fianza de $20,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ).

Las fiscales María Hernández Medina y Frances Ortiz de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de San Juan representaron al Ministerio Público.

El juicio se celebrará el 1 de noviembre de 2016.

(4 de octubre de 2016) Jonathan Cuevas Andújar enfrenta 47 cargos en su contra luego que un juez del Tribunal de San Juan encontrara causa para arresto por apropiarse ilegalmente de sobre $31,000 provenientes de fondos de becas federales y suplidores de la Universidad de Puerto Rico, mientras era estudiante de la institución universitaria.

Tras la investigación iniciada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), se descubrió que Cuevas Andújar realizó pagos electrónicos a Amazon, eBay y Chase; además de pagos a un préstamo estudiantil federal y su matrícula como estudiante del recinto ríopedrense. El individuo logró realizar dichas transacciones utilizando las cuentas de fondos federales de la universidad. Así pudo obtener $31,910.

Justicia  advino en conocimiento de lo sucedido tras un referido que hizo la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), alertando sobre posibles transacciones electrónicas fraudulentas.

Por los hechos antes expuestos el juez Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto por apropiación ilegal (19 cargos), apropiación ilegal de identidad (19 cargos) y fraude (1 cargo). Asimismo, se presentaron 8 cargos por violación a la Ley de Armas luego que se ocuparan varias armas y municiones durante un allanamiento realizado en la residencia de Cuevas Andújar en Canóvanas en agosto de 2015, para un total de 47 cargos. Durante dicha intervención el DJ recibió la colaboración de agentes federales del Servicio Secreto de los Estados Unidos y  la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

El magistrado le impuso una fianza de $1,000 en cada cargo, para un total de $47,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio  (OSAJ).

Cuevas Andújar se expone a cumplir una pena de 15 años por los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos, 8 años por el cargo de fraude y 8 años por los cargos de apropiación ilegal de identidad.

La vista preliminar fue pautada para el 13 de octubre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Cándida Sellés Ríos, el agente del Negociado de Investigaciones Especiales, Juan José Pastrana, y el agente de la Oficina del Inspector General de Educación Federal, Robert Wolfe.

(24 de octubre de 2016) Unos 263 cargos fueron radicados contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras 6 personas, por malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público.

El esquema constó en defraudar al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como CRECE-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros. Dentro de esos gastos se encontraban servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.

Cabe destacar que CRECE-21 no fue el único programa afectado por este esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación, también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos.

De este modo, se estima que un total de $73,000 fue malversado como parte de estos hechos ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.

Esta situación llegó a la consideración del Departamento de Justicia a través de un referido de la Universidad de Puerto Rico.  Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario Miranda.

Por los hechos antes expuestos se radicaron un total de 263 denuncias contra los imputados.

Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto, enfrenta cargos por fraude, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, utilización indebida en servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 16 cargos.

De otra parte, a Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus universitario, se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por otro lado, Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del Presidente de la UPR, tendrá que responder por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 54 cargos.

Asimismo, contra Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto CRECE-21, se presentaron denuncias por apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de cien cargos (100).

Imputados con parentesco entre sí

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.

Jonathan Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por su parte, Ada Hernández Santiago (4 cargos), Jason Ortiz López (6 cargos) y Nilda Vázquez Cruz (2 cargos) enfrentan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude.

Los gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.

Por ello se radicaron un total de 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. También, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del hotel.

“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al Pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.

Entre los hallazgos la bitácora de huéspedes reflejó discrepancia en los nombres incluidos para una misma reservación. De igual forma, los imputados certificaron que en las actividades de los talleres no hubo consumo de bebidas alcohólicas, pero la evidencia contrasta con dichas certificaciones. Los gastos ilegales ocurrieron a pesar de que en los acuerdos formalizados entre la UPR y el hotel para la realización de este tipo de actividades, se incluía desayuno, almuerzo, cena y dos  meriendas para los participantes.

La continuación de la vista de causa para arresto será el próximo 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan. La jueza María de Lourdes Camareno estará a cargo de la vista.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Rosa L. Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ.

(26 de octubre de 2016) El Ministerio Público presentó hoy 32 cargos criminales contra 11 personas, 9 naturales y 2 jurídicas, involucradas en un esquema ilegal de financiamiento de campaña para la candidatura en 2012 del exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, entonces aspirante a senador por el Distrito de Ponce.

La radicación de cargos es el resultado del trabajo en conjunto del Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina de la Contralora, luego de culminar una pesquisa que abarcó aportaciones ilegales a la campaña de Velázquez Quiles, cuya evidencia apunta tanto a la entrega de cheques ilegales como de donativos en efectivo que nunca fueron reportados al Contralor Electoral.

De acuerdo con la investigación de los tres organismos gubernamentales, las aportaciones ilegales recibidas por el Comité Amigos de Eliezer ascienden a $150,000, aproximadamente, procedentes a su vez de las empresas Fasan Construction Corp. y Restaura Contractor Inc., propiedad de Edil Danois Román; de SQR Arquitects & Engineer Consulting, PSC, representada por Nelson Rosario Santiago y de New Way Construction Management, representada por Cándido Oliveras Rodríguez.

Ya en el pasado, en agosto de 2015, Danois Román enfrentó 31 cargos criminales por el esquema de fraude perpetrado en la Superintendencia del Capitolio entre 2010 y 2012, que incluía órdenes de compra y cotizaciones falsas de obras de construcción ascendentes a $2.9 millones.

“La corrupción pública tiene muchas vertientes. El financiamiento privado de campañas políticas es uno recurrente, por décadas. El Contralor Electoral, la  Contralora, la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, al igual que las entidades federales, están haciendo su trabajo. Pero se demanda legislación responsable que elimine esta fuente de corrupción. Es el típico ‘pay for play’ ya denunciado”, enunció el secretario de Justicia, César Miranda.

Asimismo, el contralor electoral, Manuel A Torres Nieves, manifestó: “Colaboramos con el Departamento de Justicia en esta investigación como lo hacemos con otras agencias estatales y federales. La pulcritud en el financiamiento de las campañas políticas es la que asegura una competencia justa. Existen maneras legales para que las corporaciones se puedan expresar a favor o en contra de un candidato o partido. No hay justificación para que opten por violar la Ley”.

Para 2012, Velázquez Quiles era superintendente del Capitolio y llevaba a cabo su campaña política para un escaño en el Senado de Puerto Rico. Según los hallazgos de la investigación­, durante su campaña política recibió donativos de parte de los tres empresarios imputados, quienes mantenían contratos con la Superintendencia del Capitolio.

Según consta en el Registro de Contratos de la página electrónica de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, las corporaciones antes mencionadas obtuvieron contratos por más de $3.6 millones durante el periodo de 2009 a 2012.

Además, el Ministerio Público presentó evidencia del uso ilegal de una oficina de la Superintendencia del Capitolio con fines político partidistas. La oficina, que ubicaba en el cuarto piso del edificio de Medicina Tropical perteneciente al Capitolio, era controlada por Velázquez Quiles. El exsuperintendente controlaba el acceso y utilizaba la oficina junto a dos empleados a tiempo completo de esa dependencia para realizar trabajos de la campaña electoral del funcionario. Dicha conducta es penada por ley e infringe lo dispuesto en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, Ley Núm. 222-2011.

Contra Eliezer Velázquez Quiles se radicaron seis cargos en total por el uso de propiedad pública para actividades político partidista, conspiración para recibir y ocultar donativos electorales prohibidos, enriquecimiento injustificado, presentación de informes falsos y por lavado de dinero.

Por su parte, la jueza Ilyana Blanco del Tribunal de San Juan evalúa un cargo contra los exempleados de la Superintendencia, Marilisa Figueroa Alenot, quien fue asistente administrativa, y Javier Ruiz Echevarría, quien fungió como administrador de servicios generales de la Superintendencia, por el uso de propiedad pública para actividades político partidista. Ruiz Echevarría, quien laboró como director de finanzas del Comité de Amigos de Eliezer, también enfrenta cargos adicionales por conspiración, lavado de dinero y presentación de informes falsos, para un total de 4 cargos en su contra.

“Colaboramos con el Departamento de Justicia en esta investigación como lo hacemos con otras agencias estatales y federales. La pulcritud en el financiamiento de las campañas políticas es la que asegura una competencia justa. Existen maneras legales para que las corporaciones se puedan expresar a favor o en contra de un candidato o partido. No hay justificación para que opten por violar la Ley”, puntualizó el contralor electoral, Manuel A. Torres Nieves.

Donativos de ejecutivos de corporaciones

Además de las corporaciones antes mencionadas, el Comité Amigos de Eliezer recibió donativos por parte de ejecutivos de dos corporaciones, a saber: Manuel Iván Otero (Manuel Ivan Otero, LLC) y Juan M. Rexach Urdaz (Rexach Consulting, Inc.). Las aportaciones de éstos se estiman en unos $1,500. Dichos donativos están expresamente prohibidos por la Ley 222 y por ello pesa un cargo contra cada persona natural y jurídica (4 cargos).

Rosario Santiago (3 cargos), Oliveras Rodríguez (3 cargos) y Danois Román (10 cargos) enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero, conspiración y aportación de donativos de ejecutivos de una corporación.

Por su parte, contra Luis A. Ruiz Quirindongo, miembro del Comité Amigos de Eliezer, pesa un cargo por el Artículo 281 del Código Penal por disuadir a un posible testigo para no cooperar con la investigación de Justicia.

La jueza Ilyana Blanco separó los días 29 y 31 de octubre de 2016 para que la defensa tenga acceso a la prueba, y hasta el día 4 de noviembre para que el tribunal reciba mociones de defensa relacionadas a jurisdicción, competencia y debido proceso de ley. A su vez, se fijó hasta el 10 de noviembre el término para que la fiscalía conteste las mociones de defensa. La continuación de  la vista de causa para arresto quedó pautada para el 18 de noviembre a la 1:00 p.m. en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Wilda J. Nin Pacheco.

(31 de octubre de 2016) El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó en el día de hoy la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora María Teresa González López, tras detectarse posible comisión de delitos graves.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez. Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.

“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló el secretario del DJ, César Miranda.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.

El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.

“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

(31 de octubre de 2016) Hoy, en el primer día del juicio por los homicidios negligentes del baloncelista Andrés “Corky” Ortiz y su hijo, el acusado José Nieves Pagán se declaró culpable por los 8 cargos que pesaban en su contra, sin mediar acuerdo alguno con fiscalía.

El individuo  ocasionó un accidente de tránsito el pasado 22 de mayo de 2015 mientras manejaba de forma irresponsable, en contra del tránsito y bajo los efectos de sustancias controladas por la autopista José de Diego.

Tras la alegación de culpabilidad de Nieves Pagán, la jueza Heidi Kiess Rivera del Tribunal de Arecibo ordenó de inmediato su ingreso a una institución correccional. Por las denuncias presentadas el imputado encara una condena de 18 años de pena de cárcel, restricción domiciliara y/o restricción terapéutica.

En el incidente ocurrido en el 2015, también resultó herida la joven Darangelys Yantín Luberza, quien viajaba como pasajera. Por ello, se presentó un cargo grave por violar el Artículo 7.06 de la Ley 22, conocida como la Ley de Tránsito, por causar grave daño corporal a una persona mientras conducía bajo los efectos de sustancias controladas.

Asimismo, el hombre enfrentó dos cargos por homicidio negligente (Artículo 96 del Código Penal) tras conducir en claro menosprecio de la seguridad de los demás y bajo los efectos de sustancias controladas.

Por otro lado, además de embestir el vehículo Nissan Versa del baloncelista, Nieves Pagán impactó  una guagua Suzuki Grand Vitara en donde viajaban Yesenia Colón y su hijo, quienes también resultaron heridos. Por ello también se radicaron dos cargos por violar el Artículo 7.05 de la Ley 22 al causar daño físico mientras manejaba bajo los efectos de sustancias controladas.

Finalmente, también se radicó un cargo por violar el Artículo 7.03 de la Ley 22 por conducir bajo los efectos de drogas o sustancias controladas y dos cargos por violar el Artículo 5.07 al manejar con imprudencia y de forma temeraria.

La magistrado pautó la celebración de la vista de lectura de sentencia para el próximo 8 de diciembre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal José Acevedo Acevedo.